La indemnización por despido improcedente en España, de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses, “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”, por lo que incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea.
El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS), cuyo contenido ha desvelado UGT este lunes y publicará el organismo responsable previsiblemente el próximo lunes, abre la puerta a una reforma del despido negociada con los agentes sociales que pasaría por indemnizaciones a la carta, con mínimos y sin máximos.
UGT, quien denunció en 2022 el actual sistema de despido en España, ha puesto sobre la mesa la necesidad de destopar las indemnizaciones o elevar el límite de dos años "significativamente", fijar un mínimo de seis meses, y establecer que el coste del despido sea variable en función de las condiciones personales del despedido.
Pero más allá de la posible adaptación de la legislación a través del diálogo social, el fallo del Comité Europeo, comunicado el pasado marzo pero embargado hasta ahora, ya ha calado en los tribunales nacionales. Existen varias sentencias que se hacen eco de la decisión para acordar indemnizaciones mayores de las otorgadas por las empresas.
60 veces más indemnización por despido
El 23 de abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) reconoció el derecho de un trabajador a recibir una indemnización adicional de 30.000 euros por daños y prejuicios, además de la compensación económica por despido improcedente que había recibido, de 493,49 euros. Es decir, un aumento del 6.000%. O dicho de otra forma, multiplicó por 60 la indemnización inicial.
En este caso, un trabajador renunció a un contrato indefinido porque el Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa) le había propuesto un contrato de al menos un año y, un mes después, le echó alegando un error en la contratación. El TSJPV confirmó el fallo anterior del Juzgado de lo Social de Éibar y desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa afectada.
"No podemos dejar de soslayo y por tal somos conscientes de la inuencia en la presente resolución, la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en cuanto va a cuestionar la indemnización tasada y topada de la regulación en España del despido improcedente por vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada (CSE)", reza la sentencia.
Recuerda que dicho artículo reconoce "el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada" y el compromiso de las partes a "garantizar que un trabajador que estime que se le ha despedido sin una razón válida tenga derecho a recurrir ante un organismo imparcial".
Más sentencias al amparo del texto europeo
Además, hay otras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se hacen eco de la decisión del Comité Europeo. La primera, del 14 de mayo de 2024, eleva la indemnización de los 824 euros a los 20.762. La segunda, del 22 de mayo de este mismo año, la amplía de los 3.333 euros a los 46.728.
Ya en enero de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aumentó la indemnización a una empleada más allá de los 33 días de salario por año trabajado en base a la Carta Social Europea. La sentencia, recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo y que el Alto Tribunal ha estimado parcialmente, aumentó la indemnización de los 942 euros a los 4.435.
Según UGT, la indemnización media en España por un despido injusto ronda los 9.000 euros. "Esto no tiene ningún carácter ni disuasivo ningún carácter restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil", denunció el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, este lunes.
Mientras no haya un cambio legislativo -primero tendrá que abordarse la reforma con los agentes sociales, para lo que Díaz se ha dado "meses", y luego pasar por el Parlamento-, UGT ha instado a todos los trabajadores que sean despedidos de forma improcedente en los próximos días a 'pelear' las indemnizaciones en los tribunales.
