Economía

La familia fundadora de Codere demanda a los fondos que controlan el grupo en la Audiencia Nacional

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la compañía de juego española Codere, ha presentado en la Audiencia Nacional demanda contra los fondos estadounidenses y accionistas que se hicieron con el

  • José Antonio Martínez-Sampedro, expresidente de Codere.

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la compañía de juego española Codere, ha presentado en la Audiencia Nacional demanda contra los fondos estadounidenses y accionistas que se hicieron con el control del grupo.

La compañía de juego ha presentado hoy miércoles ante la CNMV resultados trimestrales, con un aumento de las pérdidas hasta septiembre de 243 millones (tres millones más que en el mismo periodo de 2021).

En dicha presentación, la empresa indica que ha "tenido conocimiento" de que José Antonio Martínez Sampedro, Luis Javier Martínez Sampedro y Encarnación Martínez Sampedro, la familia fundadora de Codere, "han presentado una demanda penal en la Audiencia Nacional".

Los Martínez Sampedro sostienen que los fondos deberían haber lanzado una OPA por el 100% del capital de Codere

La demanda de los Martínez Sampedro llega en un momento crítico para Codere, que ha aprobado la liquidación de la sociedad en España y el control del negocio del grupo a través de una firma en Luxemburgo. La compañía tiene previsto que su división de juego online empiece a cotizar este mes en el Nasdaq, en Estados Unidos, a través de una Spac.

"Ningún miembro de Grupo ha sido notificado acerca de si la demanda ha sido aceptada por la Audiencia o ha visto una copia de dicha demanda y, por tanto, la Compañía no puede comentar sobre la demanda o hasta qué extremo Codere, S.A. y/o sus filiales operativas están implicadas", añade Codere en su comunicado de hoy.

El grupo afirma que se trataría de una "acción más de la familia Martínez Sampedro en su estrategia contra el Grupo Codere, sus administradores y directivos, iniciada hace casi cuatro años".

Codere subraya que hasta la fecha no hay ningún fallo contra la compañía derivado de los procedimientos iniciados

Hasta la fecha, subraya la compañía, "no hay ningún fallo contra el Grupo Codere derivado de los numerosos procedimientos administrativos, civiles, mercantiles y penales iniciados por la familia Martínez Sampedro contra el Grupo Codere, sus administradores o el equipo gestor".

Como ha ido publicando Vozpopuli desde hace más de tres años, la familia Martínez Sampedro sostiene que los fondos estadounidenses que se hicieron con el control del grupo están obligados a lanzar una OPA por el 100% del capital, al actuar, dicen, de forma concertada.

Los fundadores de Codere aseguran que existe una "conspiración civil, entre el fondo Silver Point y algunos consejeros de la compañía", como publicó este diario el pasado mes de mayo.

La familia española advierte que dicha conspiración se gestó "en despachos de Estados Unidos, con el objetivo de tomar el control de ésta incumpliendo la normativa bursátil española y europea que les obligaba a lanzar una OPA multimillonaria".

En la demanda se plantean presuntos delitos de blanqueo, alteración del precio de las cosas, o administración desleal

Además subrayan que sus pretensiones están avaladas por la normativa de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) que indica cuándo hay toma de control de una sociedad cotizada.

En su comunicado de hoy miércoles al regulador del mercado español, Codere informa que entiende que la demanda presentada recientemente por los Martínez Sampedro en la Audiencia Nacional "plantea acusaciones contra algunos administradores, directivos y accionistas de Codere, y potencialmente otros por, entre otras cosas, manipulación para alterar el precio de las cosas, denegación del derecho a la información, imposición de acuerdos abusivos, insolvencia punible y administración desleal".

También indica que la demanda "plantea acusaciones adicionales contra personas indeterminadas por blanqueo de capitales, revelación de secretos, y otros delitos no especificados, y requiere a la Audiencia determinadas medidas en relación con el negocio online, con pagos a y desde paraísos fiscales y con entrega de activos a terceros".

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