Fragmentar la Agencia Tributaria (AEAT) dificultará la lucha contra el fraude y las tramas organizadas y empeorará los servicios al ciudadano, por ejemplo, en la campaña de la Renta. Así lo advierte un nuevo trabajo de Fedea sobre el cupo catalán pactado por PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, en un trabajo de Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria de EY, inspector de Hacienda en excedencia, ex delegado especial de la AEAT en Andalucía y ex director General de Tributos.
García Valera sostiene que esa cesión no está amparada en el artículo 149 de la Constitución, que sólo atribuye a la Hacienda Estatal esta función, y además supondría un paso atrás en la aplicación del sistema tributario. Cree que para conseguir una mayor eficacia en la gestión se debería lograr una mayor integración y coordinación de todas las Administraciones Tributarias. "Ése sería el camino deseable y el que se trata de avanzar, por ejemplo, a nivel de la OCDE o de la UE, con diferentes iniciativas como BEPS o las Directivas Europeas de Cooperación Administrativa. El camino contrario -fraccionar la gestión tributaria- supondría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal", subraya, como también defiende la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
En relación al objetivo de la AEAT de informar y asistir a los contribuyentes García Valera advierte de que los ciudadanos serán "perjudicados" si se fraccionaran los servicios actuales pues la Agencia perdería el acceso directo a la información necesaria para poder disponer de unas bases de datos completas e integradas, que le haga posible desarrollar labores como la de ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos, facilitar datos fiscales completos o programas de ayuda y criterios uniformes, hacer correctas depuraciones censales, el seguimiento de la correcta presentación de las declaraciones, o asegurar un correcto tratamiento la gestión de retenciones y pagos fraccionados, tanto de empresas como de particulares.
Haciendas Forales
En este punto, se remite al ejemplo de las Haciendas Forales, que están "lejos de la interconexión entre las bases de datos de las distintas Haciendas que sería deseable".
El trabajo alerta además de que con una AEAT fraccionada no podrá disponerse, o desde luego no en el mismo tiempo y coste, de herramientas para detectar las formas más complejas y dañinas de fraude y habla de "defectos de control o el diferente nivel de comprobación que tienen las empresas que operan en territorio común y foral, que se agravan en los supuestos de fraudes de carácter organizado".
Así, pone de ejemplo que se vería dificultada la labor de control que efectúa la AEAT respecto de la relación socio-sociedad cuando estos tengan domicilio fiscal en Cataluña o en el resto del territorio nacional. O las actuaciones coordinadas respecto de empresas de determinados sectores en los que se han detectado indicios de fraude, cuando la complejidad de la investigación requiera de operaciones en diferentes Delegaciones Especiales a nivel nacional sobre un buen número de sociedades, que deban ser coordinadas desde el Departamento de Inspección.
Como también sería más complejo el control multilateral de las grandes multinacionales, añade, que se coordina desde la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), pero se ejecuta en gran medida desde la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. La pérdida de esa labor coordinadora sería especialmente dañina en la coordinación de los delitos contra la Hacienda Pública o de grupos consolidados, que hoy se residencian en determinados órganos de dirección de la AEAT.
También la recaudación tributaria perdería eficiencia con el fraccionamiento de la AEAT como, por ejemplo, en el ejercicio de las competencias ejecutivas del procedimiento de apremio, que las Administraciones territoriales no pueden adoptar sobre bienes situados fuera de su territorio. Y la persecución de otras labores de recaudación ejecutiva que requieren de una información especialmente temprana.
Seguridad jurídica
En resumen, García Valera considera que iniciar un proceso que conlleve la fragmentación de la información presentada por población y empresas que, en el caso de Cataluña, suponen cuanto menos un 16% del número de contribuyentes del total nacional que representan un 20% del PIB, "claramente dificultaría una gestión eficiente del conocimiento, y con ello de una correcta atención al contribuyente", además de incrementar sus cargas indirectas, al obligar a ciudadanos y empresas a relacionarse con otra administración más, con previsiblemente, normas y procesos diferentes.
A esto añade el aviso de que se puede ver "seriamente afectada" la segurididad jurídica por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretendan establecerse en España con un modelo de negocio único.
Por todo esto, llama a "tener altura de miras, y preguntarnos en qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que en nada" en un servicio esencial para el Estado del bienestar que "saldría más caro".
