Sólo un giro imprevisto de guión puede impedir el avance intervencionista del Gobierno en la economía. A falta de conocer qué decisión tomará Pedro Sánchez, Moncloa tiene listo un arsenal de más de 6.000 millones para entrar en el capital de empresas. El dinero mana de los fondos europeos entregados por Bruselas, que persiguen, en teoría, modernizar y transformar la economía española.
El uso de las subvenciones comunitarias para que el Estado participe en empresas privadas es controvertido, sobre todo, en un contexto como el actual. Moncloa ya se ha colado a lo grande en el capital de Telefónica y no descarta hacerlo próximamente en el de Naturgy. Además, sus socios parlamentarios abogan abiertamente por agrandar el peso del Estado en la economía. El intervencionismo económico es, desde hace tiempo, una seña de identidad del Gobierno de coalición. De ahí la preocupación creciente entre los empresarios por las 'tentaciones' que pueda tener Moncloa con los Next Generation.
Estos fondos europeos están diseñados para potenciar inversiones de carácter disruptivo, fundamentalmente en las áreas tecnológica y energética. Pero en su ADN original no tiene tanta cabida que el Estado los use para ganar protagonismo en el sector privado. La vigilancia de las instituciones comunitarias dificulta que un Gobierno tire de las subvenciones para desembarcar en grandes compañías. Sin embargo, la vía está abierta en el caso de las empresas de menor tamaño.
Moncloa tiene varios canales habilitados para ello. Todos posibilitan un 'vehículo' para que el Estado entre de la mano de inversores en el capital de sociedades que aspiran a ganar tamaño. En el último trimestre, el Ejecutivo ha tomado distintas decisiones en esa dirección. La primera es la creación de una especie de 'Sepi digital'. La anunció en marzo el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, y generó revuelo ante la posibilidad de que el Estado decidiera canalizar a través de ella el 'asalto' a Telefónica.
Cuando eche a andar, este organismo contará con una partida de fondos europeos aprobada ya para comprar participaciones empresariales. Están agrupados en el denominado Next Tech, que cuenta con una dotación de 4.000 millones. Para hacerse una idea del volumen, basta recordar que la operación de Telefónica está valorada en unos 2.000 millones de euros.
Con el Next Tech, el Gobierno pretende "atraer fondos de capital riesgo extranjeros y otros inversores a empresas españolas", a través de la "colaboración público privada". El fondo pretende hacerlo "tomando participaciones" en el capital y "suscribiendo compromisos en empresas/fondos especializados prioritariamente en los siguientes sectores digitales y de inteligencia artificial". Moncloa, eso sí, se pone como límite no superar el 49% de las acciones de ninguna sociedad ni los 100 millones de contribución por proyecto.
Una segunda herramienta al alcance del Ejecutivo es el Fondo de Coinversión (FOCO). Tiene 2.000 millones en la cartera y, a diferencia del NextTech, permite al Estado intervenir en cualquier sector. El objetivo es entrar en empresas de la mano de instituciones financieras públicas (como fondos soberanos o de pensiones) o inversores institucionales privados extranjeros (fondos de inversión o aseguradoras). Según las condiciones del FOCO, el Estado puede tomar hasta un 49% del capital e invertir un máximo de 150 millones por proyecto.
El esquema, a menor escala, es similar al que ha planteado en Naturgy su principal accionistas, CaixaBank, que pretende reorganizar el capital de la mano de una firma de Abu Dabi (Taqa). Una operación en la que el Estado podría intervenir de forma directa (comprando acciones) o indirecta (imponiendo condiciones).
Hay más vías. La última se anunció recientemente y, aunque está dotada con una partida inicial inferior (100 millones) conserva el mismo espíritu. Se canaliza a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del ministerio que lidera Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico). El Estado aspira a "invertir, como socio minoritario, en proyectos empresariales emergentes que impliquen soluciones tecnológicas innovadoras".
Desvío de fondos europeos
Los mecanismos de intervención generan resquemor entre empresarios y economistas, y enlazan con los enormes problemas de ejecución de los fondos europeos. El dinero debería fluir con más agilidad y menos trabas hacia grandes empresas, pymes y autónomos. El último dato difundido, esta misma semana, por la AIReF, es claro: se han concedido 32.052 millones, pero sólo se han ejecutado 18.900 millones entre 2021 y 2023 en términos de Contabilidad Nacional.
La AIReF confirma que el dinero llega a España, pero avanza a paso lento por las tuberías del sistema. Esa retención permite al Gobierno otra práctica polémica. Es habitual que el Tesoro use los fondos europeos retenidos para financiar otras partidas de gastos. El Ejecutivo de Sánchez, además, está en el punto de mira de la Justicia europea por el supuesto desvío de subvenciones hacia la trama Koldo.
Tanto la Oficina Antifraude (OLAF) como la Fiscalía Europea tienen abiertas investigaciones para determinar si en España se ha hecho un uso fraudulento de los fondos europeos. Y todo con el cuarto pago del dinero solicitado pendiente. Demasiada inestabilidad para el Ejecutivo de coalición, cuya vida está en el aire, a la espera de lo que decida su presidente.
Pepepelotas
Si los que han puesto el dinero y la UE se enteran de esta noticia no se si les hará mucha gracia que se emplee para ello.