El Gobierno podrá acceder a los datos financieros de todas las empresas que hayan solicitado un crédito ICO. Lo harán a través de la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE). Así lo ha anunciado la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Hasta la fecha, el Instituto de Crédito Oficial no podía acceder a estos datos, siendo sólo las entidades financieras las que tenían acceso a ellos para cotejar si las empresas tienen deudas con otras entidades. Con esta medida, el Ministerio de Economía busca tener más control sobre las operaciones avaladas por el Estado y más ahora que se podrán ampliar los periodos de vida de los créditos -hasta ocho años- y los periodos de carencia -hasta 24 meses-.
Cabe señalar que las entidades no podrán negarse a la ampliación de la duración de los préstamos si las empresas que lo soliciten no han presentado concurso de acreedores ni tiene el crédito en mora. Asimismo, el coste del crédito aumentará en los años siete y ocho, por lo que las entidades podrán encarecer el préstamos a las empresas que los soliciten. Además, el Gobierno ha acordado que se pueda repercutir este coste a los clientes.
Ampliación de plazos
Asimismo, los plazos para la concesión de este tipo de créditos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2020. De la primera línea de avales de 100.000 euros para liquidez, el Estado aún tiene disponibles más de 20.000 millones de euros. Economía, que no da los datos desagregados, ha declinado explicar cuánto de los 40.000 millones de la línea de avales se ha solicitado.
Por lo pronto de esta partida sólo se han liberado los primeros 8.000 euros y aún no se ha puesto fecha para una segunda ronda, lo que da a entender que esta línea no está teniendo tanto éxito como tuvo en su momento la de liquidez.
