Aumentar el gasto en Defensa en miles de millones de euros es ahora una de las prioridades del Gobierno, la cuestión es cómo. La vía más fácil y en la que ya trabaja es la de realizar una suerte de 'enjuague' presupuestario, como el que en su momento utilizó para entrar en Telefónica. Es decir, moviendo dinero de unas partidas a otras. A ello se suma ahora la pretensión de aplicar el Fondo de Contigencia, de computar gastos que hasta ahora no se consideraban, y ampliar aquéllas que se pueda. El objetivo de este 'encaje de bolillos' es evitar los instrumentos legales que exigen su aprobación en el Parlamento, una ley o un Real Decreto-ley.

La primera función que tiene el Ejecutivo es la de buscar aquellas partidas que hasta ahora no computan como gasto en Defensa pero podrían incluirse. Ya se hizo con las pensiones de los militares retirados, que suman un gasto de unos 4.000 millones de euros al año. Ahora el foco está puesto en el Ministerio de Industria y aquellos programas militares o de investigación que bordean el ámbito de la seguridad y la defensa. Esto automáticamente mejoraría la posición de España sin aumentar el gasto.

Otra de las opciones que baraja el Gobierno para elevar el gasto en Defensa sin pasar por el Congreso es el uso del Fondo de Contingencia. Cada año ya se destina alrededor de uno de cada tres euros de este fondo para gastos imprevistos y extraordinarios (como catástrofes naturales) a Defensa, tal y como advirtió recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Aunque limitado, este fondo da margen al Ejecutivo para elevar el gasto en Defensa simplemente con su aprobación en Consejo de Ministros.

El Gobierno también podrá autorizar determinadas modificaciones presupuestarias (transferencias y ampliaciones de crédito) para elevar el gasto en Industria y Defensa sin el aval del Congreso. Una línea roja que ha marcado Sumar, especialmente si afecta al gasto en servicios básicos, Educación y Sanidad. Esta es una práctica habitual por el Gobierno en los últimos años. En 2024 las ampliaciones de crédito alcanzaron los 50.000 millones de euros y, si se tienen en cuenta también las transferencias, las modificaciones totales casi doblaron esa cuantía.

"No es una buena práctica"

Son los créditos extraordinarios o suplementos de crédito, que se financian con deuda, los que sí se tienen que aprobar en un instrumento con rango de ley, y por tanto, remitirse a las Cortes Generales, tal y como explican fuentes expertas. Advierten de que el incremento de gasto que debe hacer el Gobierno es importante, superior a los 10.000 millones de euros. Actualmente el gasto en Defensa se ubica en el 1,2% del PIB según la OTAN y alrededor del 1% según la UE, con un margen muy amplio hasta el 2%. 

Bruselas permitirá a España activar la cláusula de escape para que un gasto adicional equivalente al 1,5% del PIB (24.000 millones) no dispare el déficit público. El Gobierno está tratando de que una buena parte se haga a través del presupuesto comunitario, pero el grueso inevitablemente recaerá sobre los presupuestos nacionales. En este sentido, "el reto está en encontrar las vías para poder financiar esos importantes incrementos de gasto, lo cual no solo tiene un componente fiscal y financiero sino, también, político", señala EY en un documento interno.

"Si lo pueden hacer sin pasar por el Parlamento sería preocupante, porque significaria que la normativa deja demasiado margen discrecional", asegura Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). "No me parece una buena práctica, para eso está el Parlamento, para controlar ciertas cosas. Es mucho dinero y además es una decisión de política de fondo importante. El cambio en la orientación de la política de Defensa se debería discutir en el Parlamento", añade.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), reflexiona en "Las incómodas verdades del presupuesto de Defensa" (El Economista) sobre estos asuntos en relación con la presión para incrementar en gasto en Defensa, que señala que también debe pasar por las Cortes, aunque el Gobierno amaga con eludirlas.

"Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. En la enorme polvareda que tenemos sobre el aumento del presupuesto de defensa al 2% del PIB o más, parece que todo el mundo se ha olvidado de este mandato constitucional contenido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Si se quiere gastar más, mucho más, en Defensa, habrá que hacerlo de acuerdo con las leyes. Especialmente, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, que "incluirán la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal", que es otro mandato constitucional, en este caso del artículo 134", plantea.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el pasado viernes que los posibles "enjuagues" presupuestarios pueden ser un "fraude de ley" ya que "compromete" las cuentas de España de "forma permanente" y no para "un par de años". En este sentido, dejó la puerta abierta a acudir a los tribunales en defensa del Estado de Derecho si se va por esa vía y no hay autorización del Congreso. Este lunes volvió a apelar al presidente del Gobierno para que lleve al Congreso unos nuevos Presupuestos y su plan de gasto en Defensa.

El caso de Telefónica

Hace justo un año, Hacienda ya bordeó la legalidad al desviar al desembarco del Estado en Telefónica 2.285 millones de euros presupuestados para comunidades y ayuntamientos, según avanzó Vozpópuli, para evitar crear una aportación nueva con rango de ley. La operativa empezó en febrero con 500 millones, según recogió la ejecución de la prórroga presupuestaria, y culminó en mayo.

Una operación financiera de este tipo se recoge en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 vigente en 2024, que reseñaba 16.000 millones de euros en concepto de "Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales"; esto es, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos (FLA y pago a proveedores). Comunidades y ayuntamientos denunciaron este enjuague, que a su juicio dejaba la financiación de servicios básicos de Sanidad y Educación por detrás de la prioridad del Gobierno de intervenir una empresa estratégica.

La compra de acciones de Telefónica es una inversión, que puede salir bien o no, y la inversión en Defensa es gasto a fondo perdido, permanente, es decir Europa quiere que se mantenga, y es mucho más dinero. Expertos consultados por este periódico ven muy cuestionable el modus operandi de aprobar estas partidas sin una ley. En el primer caso, la ministra de Hacienda se atribuye la capacidad de mover partidas y se dota de consultas o informes que lo avalen. En el del Fondo de Contingencia para el gasto en Defensa, subrayan que la Ley General Presupuestaria delimita cómo se debe proceder con los créditos y cómo la Constitución establece que "las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes".

• Tags
• gasto público
• Defensa
• Telefónica
• Presupuestos Generales del Estado