El Gobierno reconoce públicamente que la Seguridad Social atraviesa una situación de colapso: al déficit de plantilla que acumula desde los años de crisis, se une que su personal tiene de media 58 años y que han tenido que afrontar, por la pandemia, un incremento sin precedentes del volumen de trabajo.
A pesar de que la situación es insostenible, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles a los sindicatos una propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2020 que no contempla incrementar el personal de las Administraciones, sino todo lo contrario: las nuevas incorporaciones no servirán para igualar las bajas previstas por jubilaciones.
Con esta propuesta, "se reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019. El Gobierno tiene previsto aprobar la oferta de empleo público por Real Decreto en el último Consejo de Ministros de este mes. En concreto, la oferta de empleo público que se ha puesto hoy encima de la mesa
contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019", lamentaba el sindicato más representativo de los empleados públicos, CSIF.
"Esta oferta es insuficiente y así se lo hemos trasladado a Función Pública", ha señalado CSIF, que cree que esta oferta de empleo "pone en peligro la viabilidad de la Administración, teniendo en cuenta los graves problemas por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital".
"Nos parece ridículo ofertar 7.066 puestos, cuando las bajas alcanzan 8.706 efectivos”, se ha quejado por su parte José Manuel Vera, secretario general de Administración General del Estado de CCOO. “La crisis económica y sanitaria ha puesto de manifiesto el papel esencial de los servicios públicos en la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Resulta doloroso que un Gobierno que se autodenomina progresista los ponga en riesgo con esta impunidad, y que recupere instrumentos y políticas del PP”, ha dicho.
Piden una nueva propuesta
CSIF espera que en la próxima reunión, convocada para el próximo lunes, el Gobierno lleve una propuesta que no suponga una reducción de la plantilla de la Administración. Desde el Ministerio de Seguridad Social explican a este medio que por el momento sólo tienen en marcha la contratación de mil interinos y efectivos a través de la empresa Tragsatec.
"Sabemos que son soluciones transitorias ante un aumento de la carga de trabajo y tras unos años en que las plantillas se han visto mermadas por la jubilación del personal y una fuerte reducción de la tasa de reemplazo en los últimos años", admiten fuentes del Ministerio.
Según cálculos de CSIF, la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido un 21% desde 2010 por las políticas de recorte, hasta situarse en 23.900 personas, por lo que estiman que harán falta entre 6.000 y 10.000 trabajadores.
A la decepción por el escaso número de plazas, se suma el problema de tiempos. Esta OPE que ha presentado Función Pública corresponde al año 2020 -ya que el proceso va con retraso- y las bajas que se están computando son las del año 2019, a las que habría que sumar las que se estén produciendo este año y las del próximo.
Una vez aprobada la OPE, habrá que esperar de media entre un año y un año y medio para que los futuros trabajadores se reincorporen -entre que se publica la convocatoria y se celebran los exámenes- por lo que el problema se agrava.
El trabajo de todo un año en sólo unos meses
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es consciente del colapso que vive su plantilla, a la que se le acumula el trabajo desde el estallido de la pandemia, y que no da abasto para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, las altas de pensiones, bajas por maternidad, incapacidad temporal por infección de covid o cuarentena, o exoneración de cotizaciones de trabajadores para empresas en ERTE.
"La Seguridad Social resuelve en un año completo 728.317 expedientes de pensiones y ahora se ha tenido que enfrentar a casi un millón de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital en sólo tres meses", ponía como ejemplo Escrivá, para justificar los retrasos. Este volumen de peticiones ha provocado que sólo se hayan podido revisar 320.000 solicitudes y que el trabajo siga acumulándose en las mesas del personal.
Esta saturación ha llevado a la Seguridad Social a consultar a las Subdelegaciones del Gobierno para reclutar personal interino entre las personas que están en su bolsa de trabajo, pero ya hay provincias en las que no hay candidatos y se va a contratar a personas desempleadas apuntadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Efectos colaterales
Las víctimas del colapso del sistema son los ciudadanos que, además de sufrir las consecuencias de la pandemia, se enfrentan a una situación frustrante: líneas telefónicas continuamente ocupadas en la Seguridad Social, oficinas a las que no se puede acceder sin cita y muchos trámites sin resolver.
Los que más han sufrido son aquellos que han intentado acceder a alguna prestación en los últimos meses: altas de jubilación, acceso a bajas por maternidad y paternidad, solicitudes de la renta mínima, o cualquier otro trámite que se haya producido en los últimos meses.
