Saltan las alarmas en el sector hostelero. Tras el anuncio de la Generalitat de Cataluña de su intención de cerrar bares y restaurantes durante 15 días, el sector está estudiando de qué forma puede luchar la medida en los tribunales. No en vano, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene que ratificarla.
Un periplo judicial que las patronales del sector están dispuestas a protagonizar por considerar que las medidas tomadas por el Govern "son desproporcionadas y se toman sin medidas de apoyo", en palabras del director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols. El primer paso va a ser, insisten, impugnar las restricciones.
Así, las medidas impuestas por la Generalitat han ido mucho más allá de lo que lo han hecho otras comunidades como la de Madrid o Navarra, que, ante las altas tasas de contagio, se han centrado en limitar aforos y adelantar los cierres de bares y restaurantes a las 23 y 22 horas, respectivamente.
Con esta apuesta, Cataluña pretende evitar un "confinamiento total", prohibiendo durante dos semanas el servicio en dentro de los establecimientos hosteleros y permitiendo únicamente el de comida para llevar. Unas medidas que preocupan al sector en toda España, y que, insisten los empresarios, "no tienen una justificación sanitaria".
"Las medidas van a tener un efecto catastrófico en el sector. Esto solo agrava la situación complicadísima", explica Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, en conversación con Vozpópuli.
Batalla judicial
A juicio de la patronal que representa a los bares y restaurantes de todo el país, la norma aprobada en Cataluña "vuelve a demostrar que se imponen políticas restrictivas en lugar de soluciones preventivas o propuestas de ayudas a un sector que está sufriendo las peores consecuencias en esta fase de la pandemia, debido a las limitaciones continuas que está sufriendo por parte de las autoridades".
En este sentido, y aunque en la reunión con las patronales el Govern ha deslizado la posibilidad de establecer un plan de ayudas concreto por los cierres, todavía no ha habido concreción de en qué forma y qué cuantía. "En zonas como Madrid, sin la restricción total se está controlando ya la curva de contagios y otras zonas se están valiendo de controles perimetrales", recalca Gallego, que descarta que las medidas de Cataluña puedan imitarse en otros lugares "porque no están justificadas".
La batalla, no obstante, ya se está librando en los tribunales. Por el momento, Hostelería de España ha presentado un escrito de demanda contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial, por el que ha anunciado a la Audiencia Nacional qué disposiciones se quieren recurrir de dicho acuerdo, "entendiendo que las mismas no son conformes a Derecho".
A esto hay que sumar los recursos que, en los últimos meses, se han puesto en marcha más de una decena de comunidades, como Cantabria, Asturias, País Vasco, Murcia, Andalucía, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. "No se entiende esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería, frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia, cosa que no suele ocurrir en establecimientos hosteleros", insisten desde la patronal.
