Se calcula que en España faltan más de 140.000 trabajadores. El problema de las vacantes, del que han alertado los propios empresarios, se ha agravado en los últimos años y está presente en el Plan de Recuperación que España firmó con la Comisión Europea en 2021 para recibir los fondos europeos Next Generation EU.
En el plan original, el Gobierno se comprometió a formar a 825.000 personas en transformación digital, verde y productiva antes del cuarto trimestre de 2025. Una promesa que, tras varias convocatorias lanzadas desde el pasado año, el Ejecutivo se veía incapaz de cumplir; al menos en las condiciones iniciales.
Planteó el apoyo a la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas, pero siempre y cuando incluyesen un "compromiso de contratación". En este sentido, focalizó esa formación en las casi tres millones de personas desempleadas que figuran como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Sin embargo, el pasado mes de junio el Gobierno envió a Bruselas un Plan de Recuperación reformulado, con medio centenar de hitos y objetivos que se retrasaban o se modificaban. Uno de ellos es ese compromiso de formación para parados en competencias para la transformación digital, verde y productiva.
Ahora el Gobierno ha suavizado las reglas para que no sea obligatorio contratarlos después de recibir la formación y permite también que los ocupados accedan a estos cursos, tal y como apuntan la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y Llorente y Cuenca (LLYC) en los análisis de la citada Adenda.
La Comisión Europea explica en la documentación publicada que "España ha propuesto modificar la descripción del hito 344 para incorporar como grupo destinatario de las formaciones a los trabajadores ocupados, además de los desempleados. Esto responde a la insuficiente demanda de las empresas para formar a trabajadores desempleados. Para aumentar la demanda, las empresas ya no estarán obligadas a contratar a desempleados".
El fin último del Ejecutivo con esta flexibilización de las condiciones para acceder a la formación en sectores estratégicos es que el objetivo se cumpla en tiempo y forma. De ello depende que España reciba íntegramente el noveno desembolso de fondos UE a fondo perdido, dotado con 5.000 millones de euros y previsto para el primer semestre de 2026.
Becarios y otros cambios
El Gobierno también ha modificado otros hitos relacionados con la formación y el empleo y vinculados a ese noveno pago. Es el caso de los programas de Empleo Joven, que financia las becas para prácticas a jóvenes de entre 16 y 29 años. El Gobierno ha ampliado el tipo de entidades públicas en las que se pueden realizar.
Finalmente, retrasa el plazo para ejecutar otras dos inversiones vinculadas al empleo. Por un lado, retrasa un año, hasta el cuarto trimestre del año que viene, el despliegue de la Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. También aplaza un año y medio, hasta el segundo trimestre de 2025, la finalización de los proyectos de economía social.
