El Gobierno está ultimando la reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la que pretende incrementar el alcance de esta medida, que por el momento da cobertura a 330.000 beneficiarios, y llegar a 200.000 familias más.
Los ministerios de Seguridad Social y de Derechos Sociales y Agenda 2030 están negociando, de forma paralela a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para acordar esta reforma, una de los esenciales para Unidas Podemos de cara al próximo ejercicio.
Aunque el Ingreso Mínimo se desplegó en junio de 2020 de forma precipitada y ha conseguido ayudar a uno de cada tres personas que lo han solicitado, el éxito de esta prestación se pone en duda continuamente al comparar su alcance real con el alcance que tenía previsto el Ministerio.
José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, lo presentó como una prestación que podría llegar a 850.000 hogares, sin embargo, diversos problemas en su despliegue han impedido alcanzar esa cobertura.
Algunos de esos potenciales beneficiarios no han podido acreditar la unidad familiar (es el caso, por ejemplo, de personas que no están empadronadas o que viven sin techo, en un coche o en una caravana), mientras que otros directamente no cuentan con la información necesaria para solicitarla o no tienen herramientas para "acercarse" a la Administración Pública.
Entre los potenciales beneficiarios figuraban también muchos autónomos sin ingresos, según la información de la Agencia Tributaria, pero que en la práctica no han pedido la prestación, lo que podría llevar a pensar que realmente sí tienen ingresos pero procedentes de la economía sumergida.
Prestación complementaria al IMV para beneficiarios con hijos
Esta serie de inconvenientes han provocado que más o menos la mitad de esos 850.000 potenciales beneficiarios no han solicitado la prestación, de ahí que el Gobierno esté preparando una reforma para maximizar su alcance en 2022.
Una de las claves, como ya ha adelantado el propio ministro, será crear una prestación por hijo para unidades familiares que tienen ingresos algo superiores al IMV e hijos a cargo. Con este complemento, se calcula que la prestación podría llegar a unas 200.000 familias más a lo largo del próximo año.
El Ministerio de Seguridad Social también pretende trabajar en los itinerarios de inclusión, para ofrecer a los beneficiarios "formación y capacitación básica, formación orientada a sectores laborales, inserción laboral, emprendimiento, participación comunitaria y acompañamiento de salida".
En total, el Ministerio cuenta con 298 millones de euros de los fondos europeos para firmar durante los próximos dos años acuerdos de colaboración con entidades públicas y del tercer sector para promover la inclusión.
Por el momento, sólo se ha firmado un primer acuerdo con la ciudad de Barcelona, a la que se destinarán 10 millones de euros para hacer una prueba piloto de una duración de dos años -18 meses de ejecución y 6 meses más de evaluación- para testar el modelo de inserción sociolaboral y comunitaria de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital, según ha explicado el Ministerio.
