La idea del Gobierno de implantar el pago por uso en las carreteras ya aparece en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas, la transcendente hoja de ruta para que España pueda recibir los ansiados fondos europeos. Esta medida que se lleva debatiendo todo el año y que finalmente se incluye en su plan de reformas fiscales para financiar la transición ecológica.
"La reforma contempla un análisis del Impuesto de Matriculación de Vehículos, el Impuesto de Circulación o pagos como los peajes de carreteras", explica este compromiso alcanzado por ambas partes para desarrollarse y que tiene que analizarse antes de que finalice el primer trimestre de 2022. "Con base en este análisis, se considerará una revisión de la ley para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", matiza el compromiso del Gobierno con Bruselas.
El pacto firmado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que se ha hecho público esta semana, integra esta medida como vía para financiar "la transición ecológica" y no lo cataloga como un impuesto finalista para financiar la renovación de las actuales infraestructuras, que es lo que se esperaba en un primer momento. El avance de este plan que ofreció Pedro Sánchez en abril se limitaba a plantear una "reforma fiscal" para "una movilidad sostenible".
El Gobierno cuenta con un primer cálculo del precio que pretende cobrar como peaje en las autovías españolas a partir de 2024. Pero la medida todavía no aparecía en ningún documento oficial y se limitaba a una información adelantada por la Cadena SER en el mes de mayo. En aquella información, se hablaba del cobro de un céntimo de euro por kilómetro como recargo a quienes circulen por las vías de alta capacidad.
El Gobierno apuesta por "la viñeta"
Además del debate del uso de los fondos que recaude por esta vía, el otro frente es cómo el Gobierno pretende recaudar esta tasa. El sector ya da por sentado la hoja de ruta con la que se aplica esta controvertida medida. "La transición al nuevo modelo se llevaría a cabo en dos fases", afirma Miguel Ángel Piqueras García, director del Grado en Ingeniería en Organización Industrial de VIU.
"A corto plazo, por medio de la denominada 'viñeta', distintivo que identifica el vehículo y supone el pago periódico (anual, normalmente) de una cantidad fija ('tarifa plana'), que tendría en cuenta el nivel de emisiones de ese vehículo (creando así incentivos para reducirlas); y a medio plazo, con una fase en que se implantaría un sistema de pago por kilómetro recorrido, más ajustado a la utilización real de la infraestructura, aunque más difícil de cuantificar desde el punto de vista técnico", añade.
Uno de los principales problemas de esta medida es su impopularidad y el Ejecutivo también necesita una estrategia para hacer llegar esta medida a la ciudadanía. "El Gobierno prepara una labor de concienciación social enfocada en las ventajas asociadas a las nuevas medidas, poniendo de relieve que se considerarán diversas situaciones que puedan dar lugar a una descarga, parcial o total, del pago (población desfavorecida, rutas de trabajo habituales, existencia de acuerdos en el sector del transporte para desviar parte de los costes a otros agentes involucrados en el proceso)", apunta Ángel Piqueras.
El sector reclama claridad
La labor de concienciación del Gobierno se centrará en las grandes empresas del sector. "Instaurar un nuevo impuesto es muy complejo, pero si ya existe por escrito un compromiso con Europa se tendrá que poner en marcha", comentan desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).
"Son medidas que se debe explicar de forma clara y transparente, porque hablar tanto de transporte sostenible como incluirlo en el apartado de transición ecológica son espectros muy ambiguos. Por ejemplo, sigue sin esclarecerse si se van a aumentar los recursos para la conservación de carreteras donde, recordemos, dedicamos un 50% menos de recursos que los países de nuestro entorno", sugieren desde la asociación que integra empresas como Sacyr o Acciona.
"Los sistemas de peaje contribuyen a mejorar el medioambiente ya que racionaliza el uso de la infraestructura, permite internalizar los costes externos generados por circular, promueve la renovación de flotas (al penalizar los vehículos más contaminantes), promueve el trasvase de tráfico a otros modos más eficientes y menos contaminantes", comentan a este medio desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (Seopan). "El principio de quien contamina paga está ampliamente reconocido e incluso figura en el artículo 191.2 del tratado de funcionamiento de la UE", recuerdan desde esta institución que integran ACS, Ferrovial o FCC.
Se prevén en los próximos meses negociaciones por parte Ejecutivo con los sectores y agentes implicados, "con el objetivo de operar bajo la nueva regulación en el año 2024, no solo en las vías de alta capacidad (autovías y autovías), sino también las carreteras convencionales, tanto de titularidad estatal como autonómica", concluye el profesor Ángel Piqueras.
La implantación del pago por uso es una medida que se considera muy compleja y que necesita un extenso trámite. De acuerdo con la experiencia internacional, los representantes del sector apuntan que de dos a tres años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional. Es decir, la instauración de este modelo de peajes podría demorarse hasta 2025.
