El Gobierno ha concedido un préstamo de 6.330 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y ha tenido que sacar 3.000 millones más del fondo de reserva para poder abonar la nómina de las pensiones de noviembre, que asciende a 18.000 millones de euros e incluye la paga extra de Navidad (que se abonará el 1 de diciembre).
El Ejecutivo utilizará lo que quedaba de la partida de 13.830 millones de euros asignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y completará lo que falta con esas dos partidas, según explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, al término del Consejo de Ministros.
Celáa defendió que aunque el Gobierno se ha visto obligado a recurrir a la "hucha de las pensiones" otra vez, la cuantía será menor de los 5.000 millones de euros que inicialmente estaban previstos gracias a la "buena marcha de la recaudación por cotizaciones".
Este fondo de reserva tenía 8.000 millones de euros cuando Pedro Sánchez ocupó La Moncloa frente a los 67.000 millones que tenía cuando llegó el PP a la presidencia del Gobierno, lamentó la portavoz.
1.500 millones para la revalorización de las pensiones con el IPC
La portavoz informó también de que la Seguridad Social ha realizado un ajuste contable para tramitar una ampliación de crédito por valor de 1.497 millones de euros, con los que se pretende paliar el hecho de que cuando se aprobó en julio que las pensiones se revalorizaran un 1,6% (de acuerdo al IPC estimado), en vez del 0,25% de subida que se aplicaba desde enero, no se tuvo en cuenta "la previsión en el estado de ingresos de la cantidad para financiar este gasto".
La partida de ingresos tampoco incluyo ninguna medida para afrontar el gasto que suponía subir la base reguladora de las pensiones de viudedad (desde el 52% hasta el 56%).
Celáa afirmó que el ajuste "no tendrá ningún impacto en el déficit, ya que éste se calcula en términos de contabilidad nacional, que aplica el criterio de devengo (las transacciones se contabilizan cuando se pagan o cobran)", por lo que la operación no supondrá un cambio en este indicador.
Además de esos 1.500 millones para asumir la revalorización de las pensiones ligada al IPC, el Gobierno se verá obligado a abonar una paga compensatoria a los pensionistas en enero si la inflación cierra el año por encima del 1,6%, algo bastante probable dada la trayectoria de este indicador en los últimos meses.
