Tantos años de convulsión política tienen sus consecuencias. Y una de ellas es el desapego y la desconfianza creciente de las empresas en la clase gobernante. Ese sentimiento es un grado superior incluso en los empresarios familiares, que se juegan su propio dinero: el que heredaron de generaciones anteriores y aspiran a traspasar a las nuevas. "Cada vez la política va más por un lado y nosotros por otro", confiesa uno de ellos en Santander, bajo el techo del Palacio de Exposiciones.
Allí se celebra estos días el Congreso Anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Sus asociados suman 171.000 millones de facturación anual y emplean directamente a un millón de personas. Entre ellos están gigantes de la distribución (Mercadona), de la automoción (Gestamp), del turismo (Barceló) o de la energía (Acciona). Pero también infinidad de pymes, más grandes o más pequeñas, que acaparan la mayor parte de la lista de 1.800 asociados.
Las reuniones del IEF se han convertido en un buen termómetro del clima empresarial en los últimos años. En octubre de 2022, en Cáceres, muchos socios del instituto lucían sin complejos su optimismo por la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo alcanzara la presidencia del Gobierno. En esa dirección apuntaban las encuestas, hasta que las urnas demostraron lo contrario el 23 de julio de 2023. En la edición del año pasado, en Bilbao, se palpaba la crispación en público y, sobre todo, en privado. La causa era la negociación entre el PSOE y Junts para amnistiar a Carles Puigdemont, toda una afrenta -según los asistentes- al orden constitucional y a la seguridad jurídica del país en el que invierten.
Pánico a los "cambios regulatorios"
En la edición de este año se respira menos abatimiento, pese a que el panorama político no es, precisamente, alentador. "Los empresarios tenemos que centrarnos en lo nuestro", asegura uno de ellos, cuya compañía tiene presencia en medio centenar largo de países. Da la sensación de que los empresarios confían cada vez menos en lo que el Gobierno les pueda aportar. Al contrario, este lunes en Santander, el IEF hizo un sondeo en tiempo real entre los socios, con la siguiente conclusión: el 60% tiene claro que los "cambios regulatorios" son el "riesgo más relevante" que afronta la economía y la competitividad de este país.
Un dato más: un 55% de los empresarios ni siquiera ha pedido fondos europeos. Y sólo un 3% asegura que las ayudas han tenido un impacto benigno en su actividad. Pese a todo, sólo un 10% cree que tendrá que reducir plantilla en 2025 y el 60% confía en incrementar su facturación.
La clave está en el incremento -lento pero firme- de la productividad, que algunos empresarios están logrando a pulso, con escaso apoyo administrativo. Que se lo digan a Simón Pedro Barceló o a Sabina Fluxá, que lideran empresas tan grandes como el Grupo Barceló e Iberostar. Ambos están sufriendo en sus negocios dos problemas tan graves como la escasez de vivienda (para alojar a sus propios empleados) y la de falta de mano de obra (para trabajar en sus hoteles).
De ello se hablaba este lunes en los corrillos empresariales. También sobre los 'impuestazos' a las energéticas y la banca, que nacieron como temporales y el Gobierno convertirá en breve en permanentes. De hecho, este martes finaliza el periodo de enmiendas, lo que allanará el camino a Hacienda para afianzar los nuevos impuestos, que tendrán un fuerte impacto en empresas generadoras de inversión y empleo (como Repsol o Cepsa). En Santander había representantes de uno y otro sector, como José Manuel Entrecanales (Acciona) o Juan March (Banca March). Había otros rostros conocidos del empresariado familiar, como Francisco J. Riberas (Gestamp), Fernando Rodés (ISP), Andrés Sendagorta (Sener) o Ignacio Rivera, presidente de la cervera Hijos de Ribera y que ocupa hoy la presidencia rotatoria del IEF.
El mensaje de Feijóo
Casi todos ellos saludaron este lunes a Alberto Núñez Feijóo, que intervino en el congreso y se dio un 'baño de multitudes' en el cóctel. El líder del PP confesaba en privado su convencimiento de que el Gobierno de Pedro Sánchez está acabado. El mensaje que traslada Génova al mundo empresarial es el siguiente: "Es cuestión de tiempo. Puede durar unos meses o un año y medio, pero el Gobierno está agotado".
En vista del panorama, con los casos de corrupción brotando alrededor del Palacio de La Moncloa, Sánchez ha decidido eludir la invitación del IEF para clausurar el evento. En su lugar ha enviado al titular de Industria, Jordi Hereu. El ministro no tiene mala prensa entre los empresarios, pero lo que anunció -ayudas de 300 millones ligadas a la descarbonización- poco animan a las compañías familiares, que ni siquieran solicitan fondos europeos. Este lunes, en Santander, 'sólo' pedían un marco regulatorio y fiscal estable. Feijóo prometió dárselo, si llega a La Moncloa. En Génova están seguros, esta vez. Los empresarios, no se pronuncian. "Nosotros seguimos a los nuestro", insisten.
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