El Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha un mecanismo de "inserción sociolaboral" para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una inversión de 10.000 euros por cada una de esas personas que quiere conseguir 'reinsertar' en la sociedad y en el mundo laboral.
El Gobierno ha elegido la ciudad de Barcelona para testar este mecanismo mediante un programa piloto: destinará diez millones de euros al Ayuntamiento que dirige Ada Colau con el objetivo de buscar oportunidades para un mínimo de 1.000 receptores del Ingreso Mínimo. En total, la inversión per cápita asciende a 10.000 euros.
Esta partida se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation, según ha informado el propio Ministerio, de los que se han reservado 298 millones para promover estos mecanismos de reinserción de aquí a 2023. En la primera etapa se liberarán 100 millones de euros, de los que la ciudad Barcelona se llevará un 10%. La prueba piloto durará dos años -18 meses de ejecución y seis de evaluación-.
Este mecanismo de reinserción consistirá en desarrollar políticas activas adecuadas para cada perfil de persona, combinando empleo, con garantía de rentas, formación y un seguimiento específico por parte del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento.
"Los itinerarios de inclusión e integración son un elemento central del diseño del IMV. Tenemos que trabajar con aquellos que están más cerca de los vulnerables, que indiscutiblemente son los ayuntamientos. Cuando diseñamos esta política experimental y de proyecto piloto para saber cuáles son las mejores vías para conseguir ese acceso a una situación mejor de las personas más vulnerables, nos encontramos con una propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, muy ambiciosa, que casaba con los objetivos del proyecto", explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la semana pasada.
Barcelona, ciudad elegida
Fuentes del Ministerio han explicado a Vozpópuli que se ha elegido Barcelona porque esta ciudad ya atendió a más de 6.600 personas el año pasado pese a la irrupción de la covid-19 con su programa de inserción laboral "Programa Lábora", además de que en los años 2017 y 2019 ya se había desarrollado el proyecto B-MINCOME, de lucha contra la pobreza y la desigualdad en zonas desfavorecidas de Barcelona, que contó con la financiación de 4,9 millones de euros de la Unión Europea.
"La evaluación independiente del B-MINCOME ya puso de manifiesto que la concesión de rentas no solo reduce de manera significativa el riesgo de pobreza y mejora la satisfacción vital de las familias perceptoras, sino que la implementación complementaria de políticas activas y comunitarias a la concesión de dichas rentas aumenta todavía más la satisfacción de dichas familias, que ven reforzarse de esta forma sus relaciones sociales", ha señalado el Ministerio.
Ambas experiencias "han sido determinantes para el presente acuerdo entre el Gobierno y el consistorio" de la ciudad condal, han explicado esas fuentes.
El Ministerio todavía no ha decidido si probará este mecanismo de reinserción en alguna otra ciudad o si esperará a conocer los resultados para experimentar en otros lugares de España.
Hasta la fecha, un total de 28.000 hogares en Cataluña cobran el Ingreso Mínimo (en total en España superan los 330.000), pero el objetivo del Ministerio es ampliar este alcance y que la prestación pueda llegar a más gente.
Para ello, la cartera de Escrivá está trabajando con el Ministerio de Asuntos Sociales para reformar el articulado del Ingreso Mínimo Vital, añadiendo por ejemplo un complemento para beneficiarios del IMV que tengan hijos a cargo.
El Ingreso Mínimo asciende a 470 euros en 2021
La cuantía del Ingreso Mínimo se determina por la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de los potenciales beneficiarios, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a diez euros mensuales.
La cuantía mensual de la renta garantizada es de 469,93 euros para hogares de una sola persona; de 610,91 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos; 751,89 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y un menor o tres adultos; 892,87 euros para un hogar formado por dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos; y 1.033,85 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
