"Debido al gran volumen de correos recibidos en el buzón Ses.hospedajes y a la imposibilidad de dar respuesta a todos en tiempo y forma, le informamos de que no vamos a contestar los correos que tenemos pendientes". El pasado 17 de diciembre, un sobrepasado Ministerio del Interior respondió con este chocante mensaje a las miles de comunicaciones en demanda de aclaración, o para reportar incidencias, giradas por hoteles, empresas de alquiler vehículos y agencias de viajes con la esperanza de ver resueltas sus dudas respecto a la aplicación del nuevo registro de viajeros, vigente desde el pasado 2 de diciembre, que ha puesto en pie de guerra a una actividad económica, la turística, generadora de cerca del 15 por ciento del PIB nacional.
Tras haber sido prorrogado hasta en tres ocasiones, han bastado apenas tres semanas desde la puesta en marcha del Real Decreto 933/2021 para confirmar que las objeciones esgrimidas por el sector a la normativa, que eleva a entre 33 y 42 los datos personales y bancarios a facilitar por los usuarios de servicios turísticos, no eran ni mucho menos infundadas: caos burocráitico, incidencias informáticas, quejas de touroperadores y turistas o una manifiesta vulnerabilidad ante eventuales ciberataques a los locales obligados a custodiar los datos de los cliientes durante tres años integran las sombras de un proceso que, advierten hoteleros y agencias de viajes, "amenaza con crearnos una situación de inseguridad jurídica de consecuencias imprevisibles si el Gobierno sigue empeñado en no escucharnos".
Los empresarios turísticos tampoco olvidan que el real decreto lleva ligado un cuadro sancionador que escala hasta los 30.000 euros de multa para aquellos que eludan su aplicación. En consecuencia, las patronales sectoriales han recomendado a sus asociados que hagan acopio de todo el material documental que evidencie la imposibilidad de cumplir los trámites requeridos por Interior debido a los continuos errores técnicos que registra la plataforma ministerial a la que debe efectuarse el envío de la información recopilada en los establecimientos.
Reproducción del correo de Interior enviado al sector
Las quejas de los actores turísticos vienen también a cuenta de la tardanza legislativa en aprobar una orden ministerial que aclare la implantación del polémico texto. En este sentido, las agencias de viajes, muchas de ellas ligadas al modelo de negocio familiar, formularon el pasado 12 de diciembre varias peticiones respecto a la orientación de la futura orden, si bien con escasa fe en que acaben siendo incorporadas.
Viajes en grupo: el caso del IMSERSO
Entre las solicitudes presentadas por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) figuran la reducción de los datos pendientes de registro, excluir del alcance de la normativa a programas de turismo social como el IMSERSO, los viajes escolares y, con carácter general, los viajes en grupo, cuya tramitación en las condiciones impuestas por el nuevo registro de viajeros supone "una carga totalmente desproporcionada y excesivamente onerosa para las agencias de viajes, que en nuestro país en su gran mayoría son microempresas y PYMES", como recuerda la propia directora gerente de CEAV, Mercedes Tejero.
Otra de las exigencias unánimes del sector es que se reduzca el plazo de conservación de datos en un registro informático de los sujetos obligados de los tres años ahora establecidos a seis meses, salvo en aquellos supuestos en los que las Fuerzas de Seguridad tengan indicios de la existencia de delitos graves a partir de la información suministrada a las autoridades.
También, la inclusión de "programas de formación, guías prácticas y acceso a herramientas tecnológicas específicas" al personal de los negocios afectados, así como evaluar de forma periódica "el impacto del registro en la realidad operativa del sector".
Jurisprudencia europea
Con carácter general, los empresarios turísticos han solicitado la exclusión de todas las actividades ligadas al sector invocando la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 21 de junio de 2022, en la que interpretaba la Directiva de la UE de 27 de abirl de 2016 relativa al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para fines de prevención e investigación. En su fallo, el TJUE establecía que la existencia de cualquier normativa nacional que estire más allá de lo razonable los plazos de conservación de datos personales cuando no haya indicios de delito conculca la legislación europea.
Dado que es improbable que Interior dé marcha atrás sobre el que ya se conoce en los medios internacionales como 'El Gran Hermano de Marlaska', las dudas sobre la legalidad de una norma sin parangón en ningún otro país de la UE ha llevado a los representantes del sector turístico español a buscar el amparo de la Justicia Europea.
El registro de viajeros también se ha convertido en motivo de controversia política. El PP, por iniciativa de su secretario nacional de turismo, el senador benidormense Agustín Almdóbar Barceló, ha decidido presentar mociones contra el real decreto en todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Almodóbar Barceló considera "inadmisble esta foma de legislar que consiste en imponer una serie de obligaciones sin contar con el criterio de quienes tienen que aplicarlas". Para el senador del PP, el registro evidencia un desconocimiento flagrante del legislador de la operativa turística que nos aboca a una pérdida de competitividad para España en unos de sus sectores producitivos más emblemáticos. Esto es someter a los turistas a un tercer grado", asegura. Y añade que "solo hay que echar un vistazo a la prensa británica para deducir el perjuicio que se está generando a nuestra imagen como destino turístico, agravado además por la tardanza en la aprobación de una orden ministerial de desarrollo que aclare a los afectados a qué atenerse y cómo deben proceder".
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