El turismo español cerrará 2024 con cifras históricas: más de 95 millones de visitantes internacionales y una facturación que supera los 200.000 millones de euros. Este desempeño no solo reafirma al sector como un pilar económico del país, con un aporte superior al 13% del PIB, sino que también refuerza su rol como motor de generación de empleo, con más de 80.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Sin embargo, tras este éxito, una sombra se cierne sobre las perspectivas para 2025: la implementación de una nueva normativa que obliga a los alojamientos a recopilar hasta 50 datos personales de cada turista. Esta medida, según la Mesa del Turismo, amenaza con desestabilizar un sector que busca mantenerse competitivo en un escenario internacional altamente exigente.
Desde su entrada en vigor, la normativa ha generado un aluvión de críticas por parte de los actores principales del sector turístico, especialmente entre los hoteleros. La nueva ley exige la recopilación de información personal detallada, como números de cuenta bancaria, teléfonos de contacto, y datos de acompañantes, y estipula que estos deben ser almacenados durante tres años.
Para los hoteleros, este nivel de detalle es excesivo y contradice las normativas europeas de protección de datos, que priorizan la minimización de la información recopilada. “Esta medida nos pone en una posición desventajosa frente a otros destinos europeos, que no exigen tanta burocracia a los turistas”, comentó Marta López, gerente de un grupo hotelero en Málaga.
La norma no solo aumenta la carga administrativa, sino que también plantea preocupaciones sobre la capacidad de los establecimientos para garantizar la seguridad de los datos recopilados. “No todos los hoteles, especialmente las pequeñas y medianas empresas, tienen los recursos necesarios para proteger esta información”, advirtió López.
Un sistema que colapsa antes de empezar
El día de su implementación, el sistema digital nacional diseñado para gestionar esta información sufrió un colapso. Este fallo obligó a los hoteleros a recurrir a métodos manuales para cumplir con los requerimientos legales, generando confusión y retrasos en la operativa diaria.
Por si fuera poco, Cataluña introdujo su propia plataforma de gestión, creando una duplicidad de sistemas que complica aún más la labor de los alojamientos turísticos en esa región. “Esto es un sinsentido. En lugar de facilitar nuestra tarea, se nos pone trabas que afectan directamente a nuestra competitividad”, afirmó Juan Martínez, presidente de una asociación hotelera en Barcelona.
La prensa internacional no ha tardado en hacerse eco de la situación, describiéndola como un ejemplo de “vigilancia excesiva”. Medios británicos y alemanes, entre otros, han advertido que estas medidas pueden desalentar a los turistas de elegir España como destino. “Reino Unido, uno de nuestros principales mercados emisores, ya muestra signos de preocupación por el nivel de invasión a la privacidad que implica esta normativa”, destacó Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. Esta percepción podría tener un efecto disuasorio, especialmente en mercados sensibles a la protección de datos como los nórdicos y los centroeuropeos.
Además, algunos turistas han expresado su malestar en redes sociales y foros de viajes. “Es absurdo que te pidan más datos personales para hospedarte en España que para obtener un visado en otros países”, comentó un usuario británico en un foro de viajes.
El peso de las sanciones: una amenaza para las pequeñas empresas
Otro aspecto polémico de la normativa son las sanciones por incumplimiento, que oscilan entre 600 y 30.000 euros. Este rango de multas ha sido calificado como “desproporcionado” por las asociaciones hoteleras, que alertan sobre el impacto potencial en la viabilidad de las pymes.
Carlos Abella, portavoz de la Mesa del Turismo, señaló: “La ley no distingue entre un pequeño hostal familiar y una gran cadena hotelera. Las sanciones pueden arruinar a las pequeñas empresas, que ya enfrentan suficientes desafíos para mantenerse a flote”.
Ante este panorama, el sector hotelero y turístico ha solicitado al gobierno que revise la normativa y adopte un enfoque más realista y colaborativo. La Mesa del Turismo, junto con asociaciones regionales y nacionales, ha iniciado conversaciones para buscar una solución que permita cumplir con los objetivos legales sin comprometer la competitividad del sector.
“La clave está en encontrar un equilibrio. Necesitamos garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas, pero sin convertirnos en policías o en gestores de datos personales”, añadió Abella.
Las asociaciones también han planteado la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales y europeos para defender sus intereses, en caso de que no se logre un consenso con el gobierno. Con la mirada puesta en 2025, el sector turístico afronta un momento crucial que definirá no solo su futuro inmediato, sino también su legado como motor económico y cultural del país.
