La causas judiciales que rodean al Gobierno del PSOE y al entorno más cercano a Pedro Sánchez volverán a marcar este nuevo año. En 2025, investigaciones como la del conocido como 'caso Koldo' o la causa abierta contra la mujer del jefe del Ejecutivo dibujarán el mapa judicial de este 2025.
Sin ir más lejos, el calendario marcado para este mes de enero tendrá como protagonista a David Sánchez, hermano del secretario general del PSOE. El próximo 9 de enero, el familiar del presidente del Gobierno se sentará ante la jueza quien dirige la causa contra él por presuntos delitos contra la Administración Pública. A pesar de los intentos de su defensa por recurrir dicha imputación, el músico tendrá que comparecer en sede judicial.
El hermano de Sánchez declarará el próximo 9 de enero
El mismo día que David Sánchez ha sido citado para comparecer ante la jueza, también lo hará en calidad de investigado el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. En el marco de la causa judicial dirigida por la magistrada Beatriz Biedma también declararán como investigados otros altos cargos del ente público que habrían participado en la creación de la plaza de coordinador de actividades conservatorias que se adjudicó al hermano de Sánchez en julio de 2017.
Cabe recordar que la instructora del caso acordó citar al músico y a otros ocho trabajadores de la Diputación después de recibir el informe de la UCO relativo al análisis de los correos incautados en el registro de la Diputación de Badajoz. La investigación de la Guardia Civil apunta que para crear la plaza pública del hermano de Sánchez se modificó el presupuesto de 2017 y se dieron instrucciones precisas.
En este sentido, los investigadores anotan en su informe que el propio Gallardo cambió de parecer respecto al presupuesto de personal para ese año. En un principio, consideró que era excesivo, tres días más tarde se hizo una variación de presupuesto 'in extremis', gracias a la cual se incluyó la plaza del hermano de Sánchez.
La cátedra codirigida por Begoña Gómez y el 'software' registrado a nombre de la mujer del presidente
La causa contra la esposa del jefe del Ejecutivo ha sido una de las que más expectación mediática ha conseguido cosechar este 2024. Lo que empezó con una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en el que se pedía investigar, entre otras cosas, varias cartas firmadas por Begoña Gómez a favor de la UTE de empresas de Carlos Barrabés, ha acabado con la mujer de Pedro Sánchez imputada por cuatro delitos.
Desde que el juez Juan Carlos Peinado admitiera a trámite la denuncia de Manos Limpias el pasado mes de abril, la causa se ha ampliado notablemente. Precisamente, este extremo ha sido uno de los que más conflicto ha generado e, incluso, propició la presentación de una querella contra el juez instructor por parte de la defensa y del propio presidente del Gobierno por presunta prevaricación. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó todas las querellas presentadas contra Peinado y le permitió seguir al frente de la investigación.
Tras admitir a trámite la querella presentada por Hazte Oír, el juez se dispone a encajar las piezas que rodean a la creación al software que la mujer del presidente registró a su nombre. A pesar de no haberse concluido los trabajos para su puesta en marcha, dicha colaboración sí supuso una inversión inicial de miles de euros por parte de varias empresas. Para Peinado esta operación apunta a un presunto delito de apropiación indebida, por el que ya tuvo que comparecer el pasado 18 de diciembre la esposa del jefe de Estado en sede judicial.
En concreto, el instructor ha citado a declarar en calidad de testigos a los representantes de Google, Indra y Telefónica, las tres compañías que colaboraron presuntamente en la creación de la plataforma vinculada a la cátedra de la UCM.
El fiscal general del Estado y la revelación de secretos
En el calendario de este mes de enero también aparece marcado en color rojo el día 16 enero. Este es el día en el que el magistrado Ángel Hurtado ha acordado citar en calidad de testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
Entre tanto, la UCO ha podido corroborar que Álvaro García Ortiz cambió su terminal de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal acordase abrir causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos. El cambio se produjo pocos días antes de que se produjera el registro por parte de la Guardia Civil en el despacho del máximo representante del Ministerio Público, fechado el pasado 29 de octubre. Durante el registro, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos de los que consiguieron extraer "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería del fiscal general del Estado.
En este contexto, la declaración de la fiscal superior de Madrid y del fiscal Julián Salto serán claves para esclarecer qué ocurrió la noche del 13 de marzo, antes de que la mañana del 14 se publicara la nota de prensa en la que la Fiscalía daba cuenta del cruce de correos entre la defensa de González Amador y Salto para esclarecer un "bulo" publicado en la prensa.
'Caso Nacho Cano' y la causa abierta contra su denunciante
La causa abierta contra el cantante de Mecano, Nacho Cano, también ha sido una de las causas judiciales que más titulares han generado en los últimos meses. La detención del artista el pasado 9 de julio, provocó una gran batalla mediática en la que el productor musical se posicionó en la que acusó a la Policía Nacional de dirigir un "montaje" contra él por se amigo de Isabel Díaz Ayuso.
Tras meses de investigación, la jueza rechazó el pasado mes de diciembre archivar el caso que dirige contra él y citarle como investigado para el próximo 13 de enero. En paralelo a la causa contra Nacho Cano, el Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid abrió diligencias contra la denunciante del cantante madrileño por un presunto chantaje al productor de Malinche.
Alvise Pérez y la financiación de su campaña
En manos del Tribunal Supremo también está la decisión de imputar al eurodiputado Álvise Pérez. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió hace algo más de dos semanas al alto tribunal que abra una investigación al líder de Se Acabó la Fiesta por la presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones Europeas. En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en efectivo justo antes de los comicios europeos.
Dicha cantidad fue sufragada por el empresario Álvaro Romillo investigado por una presunta estafa piramidal. El influencer reconoció el pasado mes de noviembre ante el juez que el pago a Alvise lo hizo a la espera de "favores futuros", tanto por su influencia a través de su canal de Telegram como por su "futuro poder". En ese momento, tal y como aparece recogido en los mensajes intercambiados entre el empresario y Alvise, el político sevillano buscaba cubrir "necesidades" de cara al proyecto europeo y "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas".
Juicio a Sito Miñanco y Gonzalo Goye
Este mes de enero, el juicio contra el narcotraficante Sito Miñanco empezará a coger algo más de vuelo. En el banquillo de los acusados permanece, también, el abogado Gonzalo Boye acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental. Tras escuchar las testificales de varios agentes presentes en los seguimientos a los miembros de la banda del mítico narco gallego, en las próximas semanas será el turno de los acusados.
Por el momento, el inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional aseguró durante la vista oral que "sin ninguna duda" el dinero incautado en el Aeropuerto de Barajas "es de José Ramón", es decir, de Sito Miñanco. A esta conclusión llegó, después de dirigir una investigación en la que las comunicaciones intervenidas a varios de los investigados mostraron -según su versión- como varios de los acusados y sus abogados trataron de justificar fondos de origen ilícito con la elaboración "documentación falsa" que permitiese justificar dichos fondos.
Juicio a Villarejo
El próximo 20 de enero arranca el juicio al excomisario Villarejo por el conocido como 'proyecto Wine', una de las piezas colocadas dentro de la macrocausa 'Tándem'. En esta pieza separada, también aparecen como investigados los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank acusados de delitos de cohecho y revelación de secretos por encargar presuntamente a la empresa del excomisario espiar al constructor Luis del Rivero durante los años 2011 y 2012.
En el marco de esta pieza separada, llegaron a estar las dos empresas imputadas como personas jurídicas así como sus presidentes Isidro Fainé y Antoni Brufau. Finalmente, el juez instructor exoneró a ambos por falta de indicios.
'Caso Koldo'
Para dar la bienvenida a este nuevo año judicial, no podía faltar la joya de la corona. El 'caso Koldo' se ha convertido en este 2024 en la causa judicial más seguida por los medios, la labor del ex secretario de organización del PSOE a cargo del Ministerio de Transportes y el cobro de presuntas comisiones han acabado desembarcando en las puertas de Ferraz.
Tras la declaración de José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García en el Tribunal Supremo, el próximo paso a esperar será un nuevo informe de la UCO que promete arrojar más luz sobre los miembros de la trama y la conexión de estos con el Gobierno.
