Su entrada en vigor debía haberse producido este pasado 1 de octubre, pero las objeciones de los empresarios hoteleros, amparados por las patronales sectoriales y la propia CEOE, han llevado al Ministerio del Interior a retrasar su puesta en funcionamiento al próximo 2 de diciembre. Sin embargo, la 'mala prensa' del Real Decreto 933/21 por el que se redoblan los requisitos de registro documental y la aportación de datos personales y bancarios de los clientes de hotel y usuarios de alquiler de vehículos, ha traspasado fronteras y ya es motivo de suspicacia en Reino Unido, cuyos medios de comunicación definen la iniciativa impulsada por el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska como la "ley del 'Gran Hermano' en los hoteles españoles".
El suministro de información sensible prevista en un decreto aprobado oficialmente hace más de tres años aunque de momento sin efecto, incluye datos de índole parental y financieros cuya transmisión con carácter obligatorio podría contravenir, pese a que su recogida se justifique en motivos de seguridad, la normativa europea de protección de datos por las que se garantizan, entre otros aspectos, la seguridad y la confidencialidad de las transacciones mediante el cifrado de datos.
Pero las reservas de la industria turística también se sustentan sobre razones operativas: las asociaciones consideran "desproporcionadas" las exigencias de recopilación de la información de los usuarios, un escollo que se convierte prácticamente en insalvable para los pequeños negocios que menudean en el sector hotelero o en el de las agencias de viajes, muchas de ellas gestionadas como negocio familiar.
Deficiencias técnicas en la plataforma
Además, la plataforma prevista para la ampliación de esa base de datos presenta apreciables deficiencias técnicas que, junto a la falta de los recursos adecuados y de las herramientas suficientes de los empresarios turísticos, harían inviable el objetivo perseguido por el decreto y, de paso, generarían múltiples riesgos en términos de responsabilidad legal, según los afectados.
El Ministerio del Interior cedió de forma oficiosa a las presiones del sector turístico con la introducción de una moratoria de dos meses que no obstante los empresarios consideran "insuficiente". De hecho, representantes de las patronales sectoriales han sido citados este mismo viernes en la sede ministerial para tratar de buscar puntos de acuerdo orientados a minimizar el impacto de la aplicación de un decreto que, sin estar aún vigente, ya ha comenzado a retraer flujo de turistas internacionales, singularmente del mercado británico debido al impacto de las informaciones publicadas sobre la iniciativa en algunos tabloides, muy habituados por otra parte a erosionar la imagen de la industria turística española.
Moción del PP en el Senado
En el plano político, el PP ha diseñado una amplia batería de iniciativas con las que pretende la modificación del decreto y sobre todo que el ministro Marlaska dé explicaciones en torno a sus efectos durante el pleno del Senado fijado el próximo 22 de octubre.
En este sentido, el senador y secretario de Turismo del PP, Agustín Almodóbar Barceló, ha impulsado una moción que se acaba de registrar en la Cámara Alta mediante la que su grupo parlamentario insta al Gobierno, entre otras medidas, a garantizar la compatibilidad del decreto a la legislación europea, fijar excepciones en su aplicación, negociar el alcance del texto con el sector y evitar acciones que puedan debilitar la imagen de la marca España.
Las críticas del PP también se extienden al papel del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al que reprochan una clamorosa "falta de sensibilidad" ante las quejas de los empresarios turísticos, cuya actividad genera en torno al 15 por cuento del PIB y constituye por sí sola uno de los motores esenciales de la economía española.
