Oficialmente, Argentina es uno de los países con la inflación más baja de Sudamérica. Pero solo en teoría. Al menos ocho firmas privadas de consultoría suministran mensualmente sus cálculos de IPC que sirven de referencia real a los mercados, a pesar de que el Gobierno de Kirchner las ha amenazado con llevarlas a todas a juicio para que justifiquen sus mediciones. En todo caso, nadie cree en el indicador que escupe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, utilizado oficialmente para falsear el alarmante crecimiento de los precios en el país rioplatense.
Mariano Rajoy ha desechado la iniciativa de reformar el IPC porque no quiere introducir desconfianza en los indicadores oficiales
Después de una discusión intensa en la que han entrado de una u otra forma casi todos los ministros, Mariano Rajoy ha echado por tierra la idea de Luis de Guindos de cambiar el método de cálculo de nuestro IPC de forma que no se compute en el indicador ni la subida del IVA ni los precios energéticos. La iniciativa fue jaleada también por el ex jefe de la Oficina Económica David Taguas, partidario de indexar la revalorización de las pensiones a un IPC a impuestos constantes en lugar de utilizar como referencia la inflación interanual.
El pasado septiembre, la horquilla entre los dos indicadores fue de dos puntos ya que la inflación interanual se disparó hasta el 3,4%, debido a la subida del IVA, mientras que el IPC desprovisto de este impuesto se situó en el 1,4%. La diferencia para los ministerios que dirigen Cristóbal Montoro y Fátima Báñez es como la noche y el día. Si al final el Gobierno se decidiera a actualizar antes de fin de año las pensiones siguiendo el modelo tradicional, tendría que desembolsar 5.000 millones en el caso de que el dato de inflación de noviembre acabara en el 3,4%. En cambio, con el otro modelo, el desembolso no pasaría de los 800 millones de euros.
En el Gobierno se opina que la previsible renuncia a la actualización de las pensiones vendrá a final de año avalada por Bruselas
Fuentes gubernamentales informan que se apurará hasta fin de año, coincidiendo con el trámite final de los Presupuestos, para anunciar si finalmente se actualizan o no las pensiones. La mayoría de los ministros opina que no se dará el paso porque las arcas públicas no están para muchas alegrías y porque el Gobierno ya tiene en marcha otras iniciativas de carácter social que se anunciarán en las próximas semanas para frenar la contestación ciudadana.
“No somos Argentina ni nos queremos parecer”, afirma una ministra del Gobierno que ha tomado parte en las discusiones. Lo último que le conviene ahora a Mariano Rajoy es introducir desconfianza hacia los indicadores oficiales y hacia las cuentas públicas. Por eso la idea de Guindos se ha desechado. Y, además, se añade, es muy posible que la renuncia a actualizar las pensiones venga avalada desde Bruselas, un dique de contención que está sirviendo de justificación para muchos de los recortes que se han conocido en los últimos años y que puede amortiguar la erosión el Gobierno por incumplir sus compromisos. A fin de cuentas, el Ejecutivo ya ha incorporado a los Presupuestos estatales del año que viene una revalorización de las pensiones del 1%.
