La Fiscalía Provincial de Madrid ha interesado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que investiga a Javier Botín y a sus socios por la compraventa de Vitaldent que archive la querella presentada por el empresario Javier Arteaga, el mayor franquiciado de la clínica dental, al no considerar que esté suficientemente justificada la comisión de los delitos fiscales, de extorsión, estafa y alteración de precio que se le imputan.
Arteaga acusa al financiero y a sus socios de diseñar un plan para adquirir sus franquicias en 2016 a través de empresas interpuestas por un precio muy por debajo de su valor real. Según sostiene en su querella, Botín y sus colaboradores urdieron un plan para comprar sus clínicas a un bajo precio aprovechando la situación de desventaja en la que se encontraba el propietario, que en ese momento se encontraba en prisión provisional.
JB Capital Markets, la firma del empresario, compró Vitaldent por 18,5 millones cuando estaba en quiebra tras recibir las autorizaciones pertinentes de la Audiencia Nacional. Esta operación no incluía las clínicas controladas por Arteaga, que señala que JB le ofreció un acuerdo con un precio de compra fijo y otro sujeto a los resultados obtenidos en los meses siguientes. En un principio, tal y como recoge la querella y recuerda el fiscal, las clínicas se iban a vender por 11,5 millones, pero finalmente fueron 7,5 millones.
Según la versión recogida en la querella, esas sociedades instrumentales creadas por JB fueron sustituidas por las que usaba Arteaga para cobrar el dinero que prestan los bancos a los clientes de Vitaldent para financiar los tratamientos dentales. De esta manera, el querellante sostiene que se desviaron los ingresos que le correspondían ya que Botín también presionó a las entidades financieras para cortar el grifo de financiación a sus sociedades. De esta forma, al no tener ingresos valían menos y JB podía comprarlas más baratas.
Apenas un par de años después, JB vendió una participación mayoritaria al fondo de capital privado Advent. La operación concedía a la empresa una valoración de 350 millones, deuda incluida. Según publicó Expansión, las plusvalías para JB se elevaron a 200 millones.
Según consta en el informe al que ha tenido acceso este diario, fechado el pasado 27 de septiembre, el Ministerio Público se adhiere a la petición de sobreseimiento de JB Capital Markets y solicita el archivo provisional de la causa.
El fiscal señala que el “estrangulamiento financiero” denunciado por Arteaga no está sustentado por “ninguna prueba” ni “ningún soporte documental que lo justifique, más allá de emails entre los directivos de las entidades franquiciadas y el querellante y los querellados y los balances de cuentas”.
La Fiscalía tampoco considera acreditado que las dificultades económicas y financieras que sufrió el querellante puedan ser atribuibles a JB y no a cualquier otra circunstancia. Por tanto, no concurren, a su juicio, los elementos suficientes para poder hablar de estafa. Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, la jueza previsiblemente tomará una decisión sobre la continuidad de la causa antes de que acabe el mes.
Un presunto delito de estafa
La querella, presentada el pasado diciembre, fue ratificada por Arteaga en mayo. El empresario denuncia que “los querellados han ocultado a la Administración tributaria el verdadero origen de sus plusvalías, recordemos, cercana a los 300 millones de euros a través del entramado societario expuesto con anterioridad”.
“Como se ha apreciado durante el desarrollo de la presente querella las sociedades de los querellados no han tenido otra intencionalidad que la de servir para estafar y engañar a nuestro cliente, además las mismas han servido para eludir una tributación de carácter personal sobre la ganancia que estos mismos han obtenido del tráfico ilegal de sus actuaciones”, señala la querella.
En la querella, el empresario solicitó a la jueza que pidiese a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe del “del ámbito real de participación de dominio que mantienen en las sociedades objeto de querella, así como las derivadas o relacionadas como participadas, poseedoras de participaciones de las mismas”.
También solicita que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, elabore un informe “sobre la tributación de la plusvalía obtenida derivada de las operaciones” y que el procedimiento sea comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por ahora, no se ha practicado ninguna de estas diligencias.
Este diario se ha puesto en contacto con JB Capital Markets, que ha declinado hacer comentarios sobre esta información.
