El Gobierno ha lanzado el anteproyecto de ley del Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, coloquialmente denominado como ley de startups, abanderada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Su objetivo es, según el Gobierno, fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España con el objetivo de continuar atrayendo talento y capital internacional para el desarrollo de un ecosistema emprendedor con vocación innovadora en nuestro país.
Los puntos más importantes se encuentran en la fexibilización y ventajas para quienes decidan realizar inversiones en este tipo de empresas. De este modo, se ha elevado la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que pasa de 60.000 a 100.000 euros anuales, lo que supone prácticamente duplicar las deducciones.
Además, el tipo de deducción pasa del 30 al 40%, mientras el periodo en el que una empresa se considera de reciente creación que pasa de tres a cinco años, y asciende hasta a 7 para empresas de determinados sectores. También se crean exenciones fiscales para las 'stock options' -entrega de acciones a los empleados como retribución- e incentivos a los nómadas digitales.
A partir de ahora, y como norma general, se considera startup o empresas emergentes, a aquellas que tienen una base tecnológica o aquellas pymes innovadoras que tienen sede social en España. Deben contar con más de la mitad de empleados en el país, no ser cotizada, no repartir dividendos y facturar menos de 5 millones de euros, además de tener, como comentábamos en el párrafo anterior, una antigüedad de entre tres y siete años.
Además el anteproyecto de ley reduce el tipo impositivo del impuesto sobre la renta a los no residentes, que pasa del 25% al 15% en el tipo general, "en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que mantenga la calificación de empresa emergente", explica la referencia del último Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, en el que se destaca la aprobación del anteproyecto.
Ahora el texto se someterá a audiencia pública para que los actores implicados por esta ley puedan mejorar el texto y aportar ideas nuevas para afinar el anteproyecto. Nadia Calviño, titular de la cartera de Economía, ha asegurado que el objetivo de la ley es "consolidar a España como un centro de atracción de startups en Europa".
El anteproyecto incluye "la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente".
Ahora el texto de la ley de startups se someterá a audiencia pública para que los actores implicados por esta ley puedan mejorar el texto y aportar ideas nuevas para afinar el anteproyecto
En esta misma línea, cabe destacar las medidas favorables a las stock options. Se aumenta el importe de la exención de 12.000 euros a 45.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de "startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada".
Startups y nómadas digitales
También se atiende a la figura denominada como "nómadas digitales". Se crea un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo desplazadas a territorio español "se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, relajándose los requisitos para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de su disfrute de 5 a 10 años. Y, por otro lado, creando un visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera", refleja la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Vozpópuli.
El anteproyecto se enmarca dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se incluyen otros dos que el gobierno prevé sacar también a audiencia pública antes de que acabe este mes de julio. Se trata de la ley de Creación y Crecimiento Empresarial, conocida como la Ley de Crea y Crece, y también la reforma de la ley concursal, en el contexto de la Transposición de la directiva de 2019.
