La Comunidad de Madrid sacará a concurso a finales de este año la cesión en régimen de concesión de 1,2 millones de metros cuadrados de suelos públicos para la construcción de pisos en alquiler, según anunció el consejero de Vivienda del Gobierno regional, David Pérez.
En virtud del denominado 'Plan Vive', el Ejecutivo regional prevé que se generen 130.000 puestos de trabajo, además de contribuir a aumentar la oferta de vivienda en renta.
En su intervención en una jornada inmobiliaria organizada por el diario 'El Economista', el consejero del Ejecutivo regional de Madrid indicó que, en virtud del plan, aspiran a construir unas 25.000 viviendas de alquiler asequible en la Comunidad.
El proyecto consiste en ceder suelos públicos a través de contratos de concesión a promotores privados para que construyan viviendas y las alquilen durante unos años con el fin de recuperar su inversión. Una vez concluido este plazo, los pisos regresan a la Administración para conformar su bolsa de vivienda pública.
El consejero enmarcó esta medida en la política que su Gobierno lleva a cabo en vivienda, que también abarca una reforma de la Ley del Suelo
Se trata de una iniciativa similar a la que prepara el Gobierno central, también mediante la cesión del uso de suelos públicos y en colaboración con las empresas privadas.
Reforma de la Ley del Suelo
El consejero enmarcó esta medida en la política que su Gobierno lleva a cabo en materia de vivienda, que también abarca una reforma de la Ley del Suelo que, según aseguró, "ya tienen en marcha", y un nuevo reglamento sobre vivienda protegida que, avanzó, "está a punto de aprobarse".
El miembro del Ejecutivo regional considera que estas iniciativas, junto con los planes urbanísticos actualmente proyectados, como el de Madrid Nuevo Norte, "contribuirán a que el sector de la construcción y la promoción se mantenga fuerte, con su correspondiente repercusión en el empleo".
No obstante, señaló que este tipo de iniciativas deben tener una continuidad y una "corresponsabilidad" a escala nacional. "Se necesita una estabilidad normativa y una seguridad jurídica, evitar constantes cambios de normas", señaló.
