El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido no adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Ministerio de Hacienda al entender que puede aprovechar su solvencia para refinanciar a mejor interés su deuda. Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo, Ángel Garrido, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo entiende que no es necesario adherirse a este mecanismo de Hacienda para financiar su deuda, y cree que puede aprovechar la solvencia de la Comunidad para financiar la deuda a largo plazo en los mercados, tal y como hacía el Gobierno anterior. Y así al no adherirse, el Ejecutivo no estará sujeto al cumplimiento del calendario establecido por Hacienda -de diez años- para las amortizaciones.
Por otro lado, Madrid volverá a demandar un nuevo modelo de financiación autonómica en la reunión del próximo viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el actual hace que la región pierda anualmente unos mil millones de euros, en cálculos del Gobierno.
Madrid volverá a demandar un nuevo modelo de financiación autonómica en la reunión del próximo viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Madrid cumplirá con el déficit
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, trasladará una vez más esta postura en el CPFF, y reiterará el compromiso de la Comunidad de cumplir con los objetivos de déficit, pero también recordará su compromiso de garantizar servicios públicos de calidad, "una línea roja", y de cumplir las promesas del programa electoral.
"Dentro de que no hemos conseguido cumplir los objetivos de déficit, es cierto que estamos por debajo del de 2014 y de la media de las distintas comunidades autónomas; no nos podemos declarar satisfechos, pero ha habido problemas que han surgido y que no conocíamos, como la hepatitis C, las olas de calor o el pago de sentencias", ha alegado Garrido.
Hidalgo, en ese sentido, reiterará el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria pero también incidirá en el compromiso adquirido con los ciudadanos para prestar servicios públicos de calidad.
