En el ‘puzzle’ de subvenciones públicas que cada año adjudican las Administraciones aparecen más de 80 colegios profesionales y una veintena de reales academias, instituciones con personalidad jurídica y cuentas propias, y con gestión privativa. Consiguen también tajada del gasto público y figuran en el listado de los grandes beneficiarios que elabora el Ministerio de Hacienda. Entre ambas organizaciones suman unas ayudas, que se mantienen de forma recurrente año tras año cuando muchas de ellas se crearon hace más de dos siglos, de unos 200 millones de euros anuales.
En todo caso, en la relación oficial existente no están recogidas todas las subvenciones que en realidad reciben ya que en el último listado, que sigue actualizándose y que en su totalidad recoge a más de 27.000 agraciados en todas las modalidades, se observa un número importante de ausencias porque muchas de las Administraciones (estatal, autonómica y local) no facilitan información alguna y otras sólo aportan datos parciales. Lo que parece evidente es que este capítulo, con evidente incidencia presupuestaria, debería ser revisado y reformado para adecuarlo a la exigencia de la actualidad y de la situación económica. Incluso, debería potenciarse en algunos casos, sobre todo en el ámbito de la asistencia jurídica, en detrimento de otros colectivos cuya presencia en este censo causa sorpresa.
Curiosamente, este centenar de instituciones subvencionadas figura en el apartado referente a organismos públicos. Es evidente que algunas ayudas a determinados colegios tienen una cierta justificación, como por ejemplo las relacionadas con la gratuidad de la justicia, la asistencia letrada o los turnos de oficio para determinados colectivos. Pero, se desconoce en muchos casos tanto el grado de eficiencia de este gasto como su resultado y si existe algún tipo de fiscalización y de control público. Así, resulta llamativo que en entre estos beneficiados aparezcan sólo algunos de los colegios de abogados, procuradores o psicólogos. Pero, a ellos, hay que sumar los de los farmacéuticos, aparejadores, arquitectos, ingenieros, veterinarios y médicos de algunas provincias y comunidades autónomas así como de periodistas, economistas e incluso de agentes de aduanas o de administradores de fincas. Mientras, en el lado de las reales academias, aparecen algunas del ámbito nacional pero del autonómico sólo figuran las de Cataluña y de Galicia.
Las cantidades asignadas son dispares y no parece existir una relación directa con las asignaciones otorgadas. El Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, con 44 millones, es quien lidera el listado de grandes beneficiarios de las subvenciones públicas. Le siguen, con 22 millones y 15,7 millones respectivamente, los colegios oficiales de Farmacéuticos de Valencia y de Alicante; el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (8,1 millones); el Consejo General de Procuradores de Tribunales (6,3 millones); el Colegio de Farmacéuticos de Castellón (5,3 millones); y los colegios de Abogados de Oviedo y de Málaga (5,1 millones cada uno).
También aparecen: los colegios de abogados de Sevilla (4 millones), Granada y Gijón (2,8 millones cada uno); y Barcelona (1,6 millones). Se añaden: los de Zaragoza (1,5 millones); Lanzarote (1,5 millones); Córdoba (1,5 millones) y de La Rioja, Almería y Jaén (todos ellos con ayudas de 1,3 millones). Curiosamente, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sólo recibe 1,1 millones mientras que, por ejemplo, el Colegio de Barcelona percibe 1,6 millones y el Cantabria alcanza los 1,2 millones. En este rango, es decir, por encima del millón de euros, se encuentran las subvenciones del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (1,2 millones); el de Arquitectos de Castilla La Mancha (1,2 millones); el de Procuradores de Las Palmas (1,2 millones); y los de Abogados de Huelva y Teruel (ambos con 1,1 millones) o el Consejo Superior de Arquitectos de España (un millón).
Ayudas próximas al medio millón
Entre el medio millón de euros y el millón se encuentran además los colegios de Abogados de La Palma, Jerez de la Frontera, Huesca y Aragón, así como el de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid o los de Arquitectos de Madrid y de Zaragoza y de Aragón. Por debajo de esta cifra (entre 300.000 euros y el medio millón) aparecen los colegios de Procuradores de Málaga, Sevilla, Granada, Oviedo, Teruel o Granollers, y también, por ejemplo, los de Psicólogos de Galicia; de Veterinarios de Ceuta; de Arquitectos de Cataluña, o el Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Y entre 100.000 y 300.000 euros figuran: el Colegio de Periodistas de Cataluña (es el único que consta en el listado oficial); los de abogados de Tarrasa, Mataró, Antequera, San Feliú de Llobregat, Manresa, Vic, Lucena o Alcalá de Henares, entre otros; así como los de Procuradores de Cádiz, Gijón, Córdoba, Almería, Zaragoza, Logroño, Jaén, Huelva o Madrid. A ellos hay que sumar los colegios de Arquitectos de Asturias y Extremadura; el de Veterinarios de Las Palmas; el de Ingenieros de Valencia; los de Médicos de las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; el de Economistas de Cataluña; el de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Ceuta; y el Consejo General de Administradores de Fincas.
En todo caso, en este listado de Hacienda de receptores de subvenciones sólo aparecen un tercio del casi centenar de consejos autonómicos y colegios de abogados existentes. Los que figuran reciben casi 100 millones de euros aunque, por ejemplo, no se detallan las partidas que figuran en los Presupuestos Generales del Estado de más de 86 millones para asistencia jurídica gratuita y psicológica. Por su parte, los colegios de Farmacéuticos obtienen unos 45 millones mientras que los de Procuradores se acercan a los 15 millones. Los colegios de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos suman casi 10 millones; y, por ejemplo, los de Ingenieros añaden cerca de dos millones.
Subvenciones a las Reales Academias
En cuanto a las Reales Academias, una serie de instituciones del ámbito cultural, artístico, científico o histórico con un origen centenario y que se han ido configurando también en las comunidades autónomas, suman casi otros 15 millones de subvenciones públicas. Todas ellas tienen presupuesto propio. La Real Academia Española (RAE), fundada en 1713 y dedicada a la regularización lingüística en el mundo hispanoparlante, tiene casi siete millones de euros anuales asignados.
Le siguen a distancia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se inauguró en 1752, con 1,8 millones; la Real Academia Galega (creada en 1906), con un millón; la de la Historia, configurada en 1738, con 800.000 euros; y la de Ciencias Morales y Política, con medio millón. También figuran las reales academias de Farmacia, con 350.000 euros en ayudas; la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con 347.000 euros; las de Jurisprudencia y Legislación y de Ciencias Económicas y Financieras, con unos 300.000 euros cada una; la Galega de Ciencias y la de Ciencias y Artes de Barcelona (con unos 200.000 euros cada una); y las de Bellas Artes de San Carlos y de Doctores de España, con una cifra cercana a los 150.000 euros.
Es evidente que, al igual que otras muchas otras partidas en muchos casos superfluas de ingente gasto público, procede una reasignación de todos estos recursos que se vienen repitiendo a lo largo de los ejercicios presupuestarios de forma mecánica.
