Economía

El consorcio del AVE a La Meca busca a la desesperada un arbitraje para evitar pérdidas multimillonarias

Las empresas inician los trámites para solicitar un proceso de arbitraje con el fin de dirimir las reclamaciones de sobrecostes a su cliente, Arabia Saudí. El contrato para la construcción de la línea de alta velocidad no contempla este mecanismo para resolver conflictos.

  • El AVE a La Meca, pendiente de las negociaciones por los sobrecostes

El escenario financiero se complica en torno al proyecto del AVE entre La Meca y Medina. Al-Shoula, el consorcio español que lleva a cabo la construcción de la primera línea de alta velocidad en Arabia Saudí está iniciando los trámites para poner en marcha un arbitraje que ponga fin a las diferencias que sostiene con el cliente por la reclamación de sobrecostes en los que han incurrido. El fracaso de las negociaciones con el Gobierno saudí no deja otra opción al consorcio para intentar que las obras no deriven en pérdidas multimillonarias para las empresas que lo componen, tres de ellas públicas (Renfe, Adif e Ineco).

Sin embargo, el escenario no va a ser ni mucho menos sencillo. Entre otras cuestiones porque, a diferencia de otros grandes proyectos internacionales de infraestructuras,  el contrato no contempla la figura de un tribunal de arbitraje para dirimir posibles conflictos entre el contratista y el cliente. De hecho, esta circunstancia es relativamente habitual en Oriente Medio y el llamado ‘AVE de los peregrinos’ no es una excepción en este sentido.

El consorcio no ha hecho pública la cifra de estos sobrecostes, cuyo valor se estima entre los 1.000 y 1.800 millones de euros

Los responsables de Al-Shoula han dado los primeros pasos para la solicitud de un arbitraje ante algunos de los tribunales internacionales dedicados a este menester, como una última opción para tratar de solventar el problema de los sobrecostes, que el Gobierno saudí se ha negado sistemáticamente a admitir. El consorcio estima que los sobrecostes en los que ha incurrido en el desarrollo de la obra se deben a circunstancias ajenas a su operativa, algo que Riad nunca ha admitido.

El consorcio no ha hecho pública la cifra de estos sobrecostes, cuyo valor se estima entre los 1.000 y 1.800 millones de euros. Las numerosas negociaciones que se han entablado con el Gobierno de Arabia Saudí se han saldado con el compromiso por parte de las autoridades locales de ponerse al día con los pagos a las empresas (algunas de ellas habían denunciado retrasos de hasta seis meses en la certificación de los trabajos) y mantener la fecha fijada como plazo para entregar la infraestructura.

Sin problemas de plazos

Este resultado fue vendido por el Ministerio de Fomento como un logro, dado que el consorcio contaría con 14 meses más para finalizar las obras. En realidad, la fecha límite no se modificó; simplemente, el Gobierno saudí renunciaba a adelantar la puesta en marcha del servicio, una idea que llegó a plantear al consorcio pero a la que renunció finalmente, sobre todo después de los ajustes económicos que ha tenido que realizar el Ejecutivo para paliar el impacto negativo de la fuerte caída de los precios del petróleo.

Además, el ritmo de las obras dejó de ser un problema hace ya unos meses. Después de que el cliente amenazara con rescindir el contrato por los retrasos que acumulaban los trabajos del consorcio, las empresas redoblaron esfuerzos para ponerse al día y los resultados no tardaron en llegar.

De hecho, la línea está prácticamente acabada (apenas restan en torno a 10 kilómetros) y los ensayos sobre raíles que se están llevando a cabo han sido completados con éxito.

Prosiguen las conversaciones

Las negociaciones con Riad no se han dado por cerradas. La intención del consorcio es retomarlas en los próximos días, una vez que ha finalizado el mes del Ramadán. Sin embargo, la rigidez mostrada por el Gobierno saudí en las conversaciones anteriores hace que las esperanzas del consorcio de llegar a un acuerdo se hayan desvanecido prácticamente por completo.

La pasada semana, la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, aseguraba que, por el momento, no se había contemplado la posibilidad de recurrir a un arbitraje para tratar de solventar el problema de los sobrecostes. Pero Al-Shoula ha empezado a trabajar ya en ello aunque el futuro en torno a las posibles consecuencias es más que incierto.

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