El abuso de sociedades para la evasión fiscal y la gestión de patrimonios, las plusvalías de las criptomonedas y el gravamen de las transacciones digitales son algunos de los asuntos que trata el informe que ultiman los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que le asesoren en la reforma fiscal. A la espera del cierre de su trabajo a finales de mes, en el borrador que ahora se maneja destaca la apuesta por la armonización fiscal al alza en Sucesiones y Patrimonio que proponen para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos, como adelantó ayer Vozpópuli. A partir de ahí, el resto del informe no plantea grandes cambios ni subidas de tipos sino que se centra en analizar asuntos de eficiencia económica y equidad para intentar agrandar bases imponibles y delimitar y gravar nuevas realidades.
El informe pone el foco en el uso de sociedades para eludir impuestos y en la gestión patrimonial. Se llama a vetar la utilización de sociedades que no realizan una actividad económica y la interposición de personas jurídicas como instrumento para canalizar rentas de personas físicas cuya tributación se ve reducida de modo irregular por la actual diferencia de tipos impositivos entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades -con una brecha que puede estar ahora mismo entre el marginal máximo en algunas comunidades de hasta el 54% y el 25%, respectivamente-, una práctica a la que recurren profesionales pero también grandes patrimonios.
En este sentido, se propone restringir el uso que hacen los grandes patrimonios de las sociedades destinadas al arrendamiento de inmuebles, de otros activos y del patrimonio no afecto a la actividad empresarial. Con este fin, se plantea definir de forma más objetiva los requisitos que hay que cumplir para considerar que el arrendamiento de inmuebles se realiza con carácter empresarial y que el patrimonio es afecto a la actividad y disuadir la creación de aparentes estructuras societarias con la sola finalidad de gozar de los beneficios fiscales por el hecho de constituir una “empresa familiar” relacionados con el arrendamiento de inmuebles.
Asimismo, se quieren replantear las exenciones de las empresas familiares atendiendo el contenido de la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994, con el objetivo de que las exenciones en Patrimonio y Sucesiones se apliquen sólo para pymes.
Otro de las propuestas es desincentivar el remansamiento o apalancamiento de beneficios destinados a la inversión en elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica y de uso personal del socio y/o de sus familiares evitando su tributación en concepto de dividendos.
En lo que respecta al gravamen de nuevas realidades de la economía digital, el informe aborda cómo gravar las plusvalías de criptomonedas y las transacciones digitales. En estos apartados pesa que son elementos cuyo desarrollo es todavía incipiente en la mayoría de países y sólo se cuenta con algunas directrices de la OCDE. En el caso del gravamen a multinacionales en la economía digital, se trata de un asunto que ahora mismo están implementando la OCDE y la Comisión Europea y en el que quedan numerosos elementos por detallar. El informe no menciona la 'tasa Google' ni plantea nuevos impuestos digitales, sino que dedica algunas páginas a analizar cómo se pueden gravar en Sociedades las transacciones digitales apoyándose en textos de la OCDE.
En lo que respecta a las criptomonedas, se analiza el gravamen de plusvalías en un momento en el que Hacienda está preparando un Reglamento y los modelos de declaración informativa 172, 173 y 721, pero en el que está pendiente aclarar si son elementos patrimoniales autónomos o divisas y en el que Hacienda parece decantarse por restringir la compensación de pérdidas y ganancias, lo que la Dirección General de Tributos no ha aclarado.
Los expertos abordan asuntos como los módulos de los autónomos, sobre los que son partidarios de su restricción, pero no acaban de dar el paso de plantear su supresión. Ni siquiera en un momento en el que el Gobierno promueve un sistema para que coticen según sus ingresos reales y dice que lo hace a partir de datos de la Agencia Tributaria.
Impuestos verdes e IVA
Otro de los asuntos que se marcaron como prioritarios es la imposición medioambiental, pero no parece que el informe ofrezca propuestas claras sobre cuestiones que pueden generar polémica y cuando la Comisión Europea prepara una Directiva sobre imposición medioambiental que trata cuestiones de difícil implantación como la subida fiscal del diésel y la supresión de exenciones al gasóleo profesional.
En este sentido, el informe defiende que los impuestos verdes son regresivos y que habría que habilitar compensaciones, pero no detalla cómo debería hacerse. También aboga por la recentralización de tributos autonómicos, como pretende el Gobierno con el impuesto a residuos.
Por el IVA el informe pasa de puntillas y no aborda la discusión sobre la supresión o restricción de productos gravados a tipos reducidos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó en la presentación de los expertos el 12 de abril que se les encomendaba analizar el sistema fiscal para "mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI", y que su informe iba a poner el "énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental, la imposición en sociedades, la tributación de la economía digital, así como la armonización patrimonial". Antes de presentar a los expertos, la ministra avanzó que lo prioritario era armonizar al alza Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y subir el Impuesto sobre Sociedades, lo que transmitía que se preparaba una reforma fiscal clásica y de calado y que el informe haría haría un análisis en esa línea.
Sin embargo, quitando la imposición patrimonial, donde se abordan cambios trascendentes, en el resto de ponencias los trabajos se centran en asuntos que no afectan a elementos esenciales de los tributos. Han abandonado el comité dos expertos por las presiones gubernamentales, los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio. Hacienda dio de plazo a los expertos para entregar su informe hasta el 28 de febrero, aunque luego ha estipulado que lo acaben a finales de enero y se reserva febrero para analizarlo.
