La parálisis legislativa y el caos político tienen infinidad de consencuencias para la actividad económica. Una de ellas es la inacción gubernamental contra las mafias que lideran la estafa de los hidrocarburos. Una práctica perfectamente identificada por Hacienda, pero que mantiene abierto un "coladero millonario de fraude" para las arcas públicas y para las compañías.
La descripción la hace un empresario mediano del sector, tan afectado como las multinacionales de la talla de Repsol o Cepsa. En esta batalla, todos pelean en el mismo bando y coinciden en alertar del bloqueo que sufren las soluciones propuestas para atajar el fraude. El 'agujero' proviene, básicamente, de la elusión del pago del IVA y del 'engaño' en la mezcla de los biocarburantes.
La presion de los afectados se ha redoblado en los últimos días, ante la posibilidad de que el Gobierno introduzca medidas de choque vía enmienda. Hay un 'canal' abierto: el que proporciona la transposición de una directiva europea sobre la imposición fiscal mínima a las multinacionales.
En los despachos del Ministerio de Hacienda se guardan las propuestas de las compañías afectadas para combatir el fraude. La primera lleva, literalmente, años sobre la mesa. Desde 2009, cuando se liberalizó la actividad para transponer otra directiva de la UE, se facilitó el acceso al sector, suavizando las condiciones exigidas para ser operador. Seis años más tarde, se quitaron más obstáculos, permitiendo la venta entre distribuidores. Tanto las grandes compañías como los distribuidores de menor tamaño llevan años reclamando que se levanten más barreras de entrada, exigiendo una garantía financiera -además de otros controles- para ser operador petrolero.
Las facilidades generaron en su día un caldo de cultivo para el fraude. La acción de los evasores fiscales se mantuvo en niveles relativamente bajos durante buena parte de la década. Pero la actividad delictiva comenzó a desbordarse a partir de la pandemia. Empezaron a operar en el sector redes cada vez más organizadas. Un ejemplo de ellas es la que lideraba Víctor de Aldama junto a su socio, Claudio Rivas, acusados ambos de defraudar más de 180 millones a las arcas públicas.
Mafias organizadas
Parelalemente, comenzaron a infiltrarse mafias organizadas. Procedían -y proceden- principalmente de Italia, donde el Gobierno frenó en seco el fraude. Lo hizo con una medida que las petroleras conocen, desde entonces, como la "solución italiana". Consiste, básicamente, en obligar a los operadores a pagar el IVA en el instante en que el combustible sale del depósito fiscal, reduciendo al máximo la cadena de posibles intermediarios
El ascenso imparable del fraude llevó al Gobierno a tomar medidas. En diciembre se prohibió el suministro entre distribuidores al por menor, y de distribuidores al por menor operadores al por mayor. La Agencia Tributaria había detectado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos. Sin embargo, los afectados consideran que la actividad delicitiva no frenará, de verdad, hasta que Hacienda impulse una solución 'a la italiana'.
La mayoría de los grupos parlamentarios respaldan esta medida. El PP, por ejemplo, ha intentado empujarla activamente en el Congreso, pero se ha topado con la negativa del PSOE, atrapado por el complejo equilibrio de apoyos políticos. Las empresas aún confían en que la medida se desbloquee. De hecho, el sector ha estado presionando para que la "solución italiana" forme parte de las enmiendas que acompañan a la mencionada directiva sobre la imposición fiscal a las multinacionales. Podría darse la paradoja de que una medida positiva para las empresas afectadas por el fraude se aprobara al mismo tiempo que el 'impuestazo' a las energéticas.
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