El fraude fiscal de los carburantes ha resultado tan lucrativo para sus promotores que ha crecido de manera exponencial. Y el problema no estriba sólo en el agujero que deja en las arcas de Hacienda y las cuentas de las petroleras. Algunos empresarios del sector alertan de que mafias organizadas extranjeras están acudiendo al calor del negocio ilegal, probablemente desde Italia.
Hasta ahora, el fraude del IVA de los hidrocarburos era conocido en el ámbito de los inspectores de Hacienda y, evidentemente, por las principales petroleras, con Repsol, Cepsa y BP a la cabeza. Pero ha sido un hecho concreto e inesperado el que ha puesto el foco informativo sobre la estafa. Se trata de la detención del 'conseguidor' de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Junto a su socio, Claudio Rivas -ambos hoy en prisión- logró defraudar más de 180 millones de euros a Hacienda. Lo hicieron montando una estructura fiscal y societaria para eludir el pago del IVA.
Este miércoles, apenas una semana después, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil anunciaron la desarticulación de otra organización que se dedicaba, presuntamente, a las mismas prácticas: la elusión del IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. En total, esta red habría defraudado a la Hacienda pública 133 millones en los ejercicios de 2020 y 2021.
La mecánica del fraude consiste, básicamente, en lo siguiente: gracias a la creación de complejos entramados empresariales, los estafadores logran, primero, importar hidrocarburos (generalmente gasóleo A) y esquivar, después, el pago del IVA. Esa operativa les permite vender a menor precio los carburantes tanto a intermediarios como a los propios gasolineros, muchos de los cuales son conscientes de la naturaleza del fraude.
Un asunto de "seguridad nacional"
Ni siquiera los últimos esfuerzos de Hacienda han servido para taponar la sangría. A principios de año, vía Real Decreto-Ley, se prohibió, por ejemplo, el suministro entre distribuidores al por menor,y de distribuidores al por menor operadores al por mayor. La Agencia Tributaria había detectado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos.
Sin embargo, el coladero de fraude persiste, de ahí que en el sector petrolero cunda la sospecha de que han echado raíces mafias extranjeras muy organizadas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, denunció recientemente en púbico que este es un asunto de "seguridad nacional". Su homólogo en Cepsa, Maarten Wetselaar, también habla ya directamente de "crimen organizado".
"No toda la gente paga siempre los impuestos que le corresponden, pero esto es muy distinto. Es una 'golfada' de primer nivel. No se trata de empresarios que eluden impuestos, sino que están metiendo directamente la mano en la caja del Estado", afirma Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor -entre otros- del ensayo ¿Hacienda somos todos?. Esa es la razón básica por la que, a diferencia de otros delitos fiscales, el juez envió directamente a prisión a Aldama y a otros cabecillas de las últimas organizaciones desarticuladas.
El experto recuerda que esta modalidad de fraude con el IVA empezó a aflorar en la UE hace más de una década con otra mercancía: los productos electrónicos e informáticos. Se aprovechaba para delinquir el tráfico entre fronteras, donde la mercancía quedaba a veces fuera de control.
"No se trata de empresarios que eluden impuestos, sino que están metiendo directamente la mano en la caja del Estado", recuerda Francisco de la Torre
Esta operativa fue aplicada posteriormente al sector de los carburantes, desarrollada por redes que mezclan cierta sofisticación, un gran conocimiento del negocio y contactos internacionales. Por ejemplo, usan teléfonos encriptados, y tienen capacidad para activar sociedades pantalla, que se montan y desmontan en cuestión de días. "Son delicuentes profesionales", coincide De la Torre.
El negocio ilegal ha engordado como una bola de nieve. Las petroleras calculan que el fraude suma 1.200 millones de euros. La cifra equivale, nada menos que a entre el 20% y el 25% de las ventas del combustibles en España y afecta al 10% de las estaciones de servicio repartidas por el territorio nacional (1.200). Imaz ilustra con un ejemplo el tamaño del fraude: la cantidad 'robada' a Hacienda equivale al presupuesto necesario para construir hasta 12 hospitales. Lo peor es que al engaño del IVA se suma un fraude añadido, el de los biocarburantes, que elevan en otros 581 millones la factura.
Que España se haya convertido en un destino atractivo para las mafias se explica, según muchos operadores, por su condición de “país abierto”. Cuenta con un conjunto de depósitos costeros para la importación y una red (denominada Exolum) que transporta los productos hacia cualquier rincón del territorio a un precio competitivo. Algunos operadores españoles dan por hecho que algunas mafias internacionales pueden estar trasladándose desde Italia a la Península Ibérica. Por una razón básica: el nivel de fraude era muy elevado en el país vecino y ha descendido drásticamente, gracias a las medidas de control fiscal adoptadas, particularmente sobre el IVA.
Por ejemplo, la Hacienda italiana introdujo otros mecanismos de control para asegurar que los operadores pagaban este impuesto en el momento de extraer el producto de los denominados depósitos fiscales, algo que no establece el marco regulatorio español. Esa medida actuaba de primera barrera de contención frente al fraude, de ahí que se haya convertido en una de las principales reclamaciones de las empresas afectadas por el fraude en España. La inexistencia de ese control actúa, precisamente, como 'reclamo' para los defraudadores que operaban antes en Italia.
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