Multinacionales y grandes fondos han empezado a hacer cuentas. Se trata de determinar si merece la pena mantener el actual nivel de inversión en España, después de que el Gobierno haya decidido hacer permanentes los impuestos a bancos y energéticas. A escasos días de que se vote en el Congreso, las empresas afectadas están alertando del impacto que tendrá la instauración definitiva de unas cargas fiscales nacidas con carácter temporal.
No hay otro tema que preocupe más en este momento al Ibex 35. La decisión de Pedro Sánchez es interpretada como un nuevo giro de guión, que intensifica la sensación de inseguridad jurídica. "Es otro cambio de opinión", recordaba este martes en Santander el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El líder de la patronal no esconde su "preocupación" por los perjuicios sobre la inversión que puede acarrear la consolidación de los dos polémicos impuestos.
"Entendemos a Repsol y a todas las compañías y bancos afectados. No estamos de acuerdo con que se hagan permanentes los impuestos. Ya lo dijimos cuando el Gobierno los puso diciendo que eran temporales", advertía Garamendi en una conversación informal con periodistas. En CEOE son plenamente conscientes de que la prolongación de esas cargas fiscales hacen un roto importante a compañías como Repsol o Cepsa.
Ambas son referentes en el sector industrial, por el número de refinerías operativas (cinco y tres, respectivamente), y por el papel fundamental que pueden jugar en la transición energética. Un botón de muestra: sólo las refinerías de Repsol dan trabajo a 28.000 personas en España, entre empleos directos, indirectos e inducidos. La compañía está desarrollando proyectos potentes como el de su complejo industrial de Cartagena, para desarrollar combustibles renovables. Cepsa, igualmente, tiene en marcha una estrategia muy sólida para producir hidrógeno verde en Cádiz y Huelva. Son este tipo de proyectos los que podrían verse afectados por la posible fuga de inversiones.
La pregunta que se formulan estos días en empresas y fondos es la siguiente: con un panorama de incertidumbre fiscal y regulatoria, ¿quién va a costear las grandes inversiones que exige la estrategia energética del Gobierno?. Las grandes líneas están marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Su gran impulsora fue la ministra -y flamante comisaria europea- Teresa Ribera, y plantea la movilización de 294.000 millones de euros de aquí a 2030. La cuestión es que el 85% de esa inversión debe proceder del sector privado. Es decir, quienes tienen que impulsar el tren son las compañías a las que se carga hoy el 'impuestazo' permanente que quiere afianzar el ministerio que lidera María Jesús Montero.
Es evidente que España tiene un gran potencial para desarrollar energías que propicien una economía descarbonizada. El problema es que esa estrategia requiere el despliegue de fuertes inversiones a lo largo de un proceso temporal dilatado. La instauración de un impuesto permanente amenaza con reducir de manera sustancial los recursos a disposición de las empresas, para acometer proyectos de inversión en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Presión fiscal y regulatoria
"No podemos tener una mayor presión fiscal y más complejidad normativa y regulatoria, Europa ya va por delante de otros países. Nosotros no podemos ir encima por delante de Europa", advierte el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera. En la clausura del congreso anual de la organización, el empresario gallego recordó este martes que España "no puede pasarse de rosca", en alusión directa a las múltiples barreras que tienen que salvar las empresas. "Hay otros países que no tienen las regulación que tenemos nosotros. No se puede perjudicar la inversión y la competitividad", insite el también presidente del grupo Hijos de Rivera.
El consejero delegado del Banco Santander, Ignacio Juliá, también aprovechó el mismo evento para advertir sobre las trabas. En su primera intervención desde su fichaje, recordó que el sector financiero está en una posición única para apoyar y financiar las inversiones que requiere la transformación de la economía. Pero ello requiere un marco regulatorio y fiscal "justo".
Juliá abogó por simplificar normas y burocracia, y fomentar una regulación que favorezca la innovación en lugar de frenarla. Se trata, en su opinión, de que no haya lastres para que "las empresas inviertan, innoven y generen empleo de calidad"
