En 2025, la pensión mínima de viudedad experimentará cambios significativos que impactarán directamente en el bolsillo de miles de beneficiarios en España. El Real Decreto 35/2025, que regula la revalorización de las pensiones, establece incrementos que oscilan entre el 6% y el 9,1%, buscando proteger el poder adquisitivo de los pensionistas con menores ingresos.
¿De cuánto estamos hablando?
La cuantía mínima de la pensión de viudedad en 2025 se situará entre los 662,50 euros y los 1.127,60 euros mensuales, dependiendo de la situación familiar y la edad del beneficiario. Esto se traduce en los siguientes tramos:
● Con cargas familiares: 1.127,60 euros mensuales (15.786,40 euros anuales).
● Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 874,40 euros mensuales (12.241,60 euros anuales).
● Entre 60 y 64 años: 818,00 euros mensuales (11.452,00 euros anuales).
● Menores de 60 años sin cargas familiares: 662,50 euros mensuales (9.275,00 euros anuales).
Estos ajustes responden a la segunda reforma de las pensiones, impulsada mediante el Real Decreto-ley 2/2023, que busca que las pensiones mínimas aumenten por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio. El objetivo es reducir en un 20% la brecha respecto al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal, un proceso que se extenderá hasta 2027.
¿Qué ocurre si la pensión es inferior a la mínima?
En los casos en que la pensión calculada sea inferior a la mínima establecida, la Seguridad Social podrá complementarla a través del "complemento a mínimos". Sin embargo, este complemento está sujeto a límites de ingresos anuales:
● Sin cónyuge a cargo: 9.193,00 euros anuales.
● Con cónyuge a cargo: 10.723,00 euros anuales.
Superar estos límites puede resultar en el ajuste o la suspensión del complemento. Es obligación del beneficiario informar a la Seguridad Social si prevé superar dichos límites durante 2025 para evitar sanciones.
Además de estas medidas, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que incrementa las pensiones mínimas en un 6% en 2025, acumulando un aumento superior al 12% en los últimos dos años. Esta revalorización, que también incluye un incremento del 2,8% con carácter general para las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, busca garantizar una mayor protección a las personas con pensiones más bajas.
En palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas políticas progresistas son esenciales para "asegurar la suficiencia económica" de los pensionistas más vulnerables.
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