La Autoridad Porturaria de Bilbao presentó el pasado 27 de febrero un recurso contra la decisión de la Comisión Europea que obliga a que todos los puertos españoles tengan que pagar el impuesto de sociedades, un gravamen del que hasta ahora habían estado exentos.
Hace algo más de un año, el organismo europeo pidió a España que regularizase la situación de sus puertos tras considerar las exenciones de este impuesto aplicado a las tasas portuarias y los contratos de concesión son una suerte de ayuda de Estado incompatible con la normativa comunitaria. En el caso del País Vasco, están totalmente exentos de este tributo.
El pasado noviembre, meses después de que la comisión abriese una investigación sobre el asunto, el Ejecutivo comunitario emitió un comunicado en el que anunciaba que "las autoridades españolas se han comprometido a someter a los puertos españoles, incluidos los del País Vasco, al régimen normal de impuesto de sociedades desde 2020”. Ahora, el Puerto de Bilbao quiere dar la batalla legal con los abogados de Uría Menéndez para dar la vuelta a esta decisión, según consta en el Diario Oficial de la Unión Europea.
En primer lugar, la autoridad bilbaína argumenta que las exenciones tributarias de las que disfruta no suponen una ventaja competitiva porque tiene la obligación de financiar con sus recursos inversiones de interés público. También señala que el análisis de datos elaborado por la Comisión Europea para tomar su decisión está incompleto.
En tercer lugar, señala que la exención tributaria tampoco puede considerarse ayuda de Estado según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, aun en el caso de que fuera así, sería en todo caso compatible con la normativa interna del mercado, siempre según su versión.
"La Autoridad Portuaria de Bilbao, en cuanto organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, puede defender sus intereses de la manera que mejor estime", señala a este diario un portavoz de Puertos del Estado.
