La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a conquistar la cota de los 22 millones de afiliados en esta legislatura. Según los cálculos de Seguridad Social, permitirá regularizar a 900.000 trabajadores en los próximos tres años, lo que automáticamente elevará la afiliación hasta romper la citada barrera.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya batió el récord de los 21 millones de afiliados medios el pasado mes de abril. El récord se logró en junio, con 21,4 millones, y en el último mes de octubre se situó en los 21,3 millones de trabajadores. Siempre en términos de afiliados a la Seguridad Social, que es inferior al dato que revela la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) al basarse en registros y no en respuestas.
Los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social es el objetivo que se marcó el principal rival de Sánchez en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo. En su programa electoral, el presidente del PP se comprometió a alcanzar esa cifra si resultaba investido presidente del Gobierno. Sin embargo, será Sánchez quien lo logre gracias a esta medida y pese a la posible desaceleración del empleo.
De los 21,3 millones de afiliados que contabiliza la Seguridad Social, 2,9 millones son extranjeros, representando el 13,6% del total. Esta tasa crece a un punto porcentual al año al registrar un crecimiento notablemente más intenso la afiliación de personas extranjeras que la de nacionales. Su peso entre los autónomos es aún mayor. Suponen ya el 16% del conjunto de los trabajadores por cuenta propia, tal y como destaca el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La ola de inmigración que vive España, con la llegada de cerca de medio millón de personas al año, está teniendo un impacto en el empleo más fuerte incluso que durante la expansión inmobiliaria, tal y como reflejaron Fedea y BBVA Research en su Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. En este sentido, Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, advirtió de que "si queremos crecer en empleo, necesitamos inmigrantes".
Sin embargo, en el último Observatorio Inmobiliario, BBVA Research también alertaba de que si bien se prevé que los flujos migratorios continúen siendo positivos en los próximos años, esto "intensificará la demanda residencial", ya tensionada. "En un escenario de riesgo, en el que la vivienda es un cuello de botella para la entrada de inmigrantes, es posible que ese incremento de la población no pueda materializarse", advertía.
Regularización de extranjeros
La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería establece nuevas figuras de arraigo, una figura que permite a extranjeros en situación irregular en España obtener un permiso de residencia y de trabajo cuando existan vínculos con el país de tipo social, formativo, laboral o familiar. Ahora se crea una nueva modalidad de segunda oportunidad, dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado.
Estas figuras se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años para acceder al arraigo. Asimismo, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar tanto por cuenta ajean como propia desde el primer momento. Además, la norma facilita una vía rápida para que los migrantes puedan trabajar hasta 30 horas semanales con una autorización de estancia por estudios y, tras ellos, puedan enlazarla con una de trabajo.
Finalmente, en materia de empleo, crea una autorización específica de residencia y trabajo que facilita la contratación en origen para las actividades de temporada y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, así como sus condiciones de habitabilidad y seguridad desde que salen de su país hasta que se dan de alta en la Seguridad Social en España. También se ha extendido a un año el visado para la búsqueda de empleo, que antes era una autorización de 3 meses.
Más ingresos para pagar las pensiones
Aunque en España hay aún 2,6 millones de desempleados, España sufre un problema de vacantes. Sectores como la hostelería o la construcción, ahora clave para la recuperación de la normalidad en Valencia tras la DANA, reclaman mano de obra extranjera para atender la demanda. Además, según los cálculos del Gobierno, España necesita unos 250.000 o 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su Estado del bienestar, fundamentalmente el sistema público de pensiones.
Las cotizaciones que abonan los trabajadores ya no son suficientes para pagar las pensiones y sólo cubren alrededor del 70% de la factura, mientras que en 2010 financiaban más del 90%, tal y como apunta Miguel Ángel García, investigador de Fedea. Pese a que se han elevado las bases mínimas y máximas de cotización, la Seguridad Social necesita cada vez más transferencias (que ya financian casi una cuarta parte del gasto en pensiones) y préstamos del Estado (un 6%).
Por tanto, además de mejorar los datos de empleo, la regularización de inmigrantes contribuirá a aliviar las cuentas de la Seguridad Social. Según un estudio publicado por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en 2020, la regularización extraordinaria que tuvo lugar en España en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, generó 2.400 millones de euros de ingresos anuales 'extra' para la Seguridad Social (4.000 euros al año por inmigrante legalizado).
