España fue de los primeros países en presentar a la Comisión Europea una propuesta para reformar el mercado de la electricidad en toda la Unión Europea. La medida liderada por Teresa Ribera tuvo un rechazo inmediato por parte de las empresas del sector eléctrico. Una oposición a la que se han unido en la última semana países como Alemania, Italia o  la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). 

ACER ha emitido este martes un informe sobre el debate abierto para cambiar este mercado. El organismo alerta del peligro que tiene imponer a todos los países los contratos por diferencia o CfDs, que es uno de los puntos 'estrella' de la medida española. 

“ACER y el Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) no pueden apoyar acciones de la Unión Europea que exijan el uso de CfD o tipos similares de contratos estatales a largo plazo. Esto se debe a que aún no se conoce el diseño óptimo de los CfD y a que los Estados miembros también pueden lograr el objetivo de proteger a los consumidores a través de otros medios (por ejemplo, limitar los ingresos inframarginales excesivos a corto plazo, política fiscal, política de pobreza (energética)”, señala su informe. 

Para ACER este tipo de contratos pueden tener sentido como mecanismo de apoyo. Pero, imponerlo sin conocer sus efectos, puede generar efectos negativos como afectar al mercado spot, limitar la liquidez a plazo, incluso trasladar un coste mayor al consumidor. 

Ribera busca con su medida un mercado a plazo que consiga la estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros. Su plan consiste, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. “En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores”, explica España en su medida.

En este sentido, el Gobierno español expone a Bruselas que, aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. “Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios”, expone el plan español.

Pero ACER no comparte esta teoría. El organismo considera que los contratos a largo plazo de compraventa de electricidad o PPAs son la mejor alternativa. “Los PPA son acuerdos bilaterales, que pueden ser un impulso a los mercados a plazo”, comentan los reguladores. No obstante, su informe pide cautela en esta sentido. “ACER y CEER se abstienen de apoyar activamente los PPA porque pueden tener un impacto negativo en la eficiencia y transparencia general del mercado. Dadas sus características, no son aptos para todos los participantes del mercado”, comentan. 

Alemania quiere contratos a largo plazo

Un asunto que ya abordaba la carta que envió Alemania y seis países miembros. Estos países pedían a Bruselas una reforma del mercado que apoye una mayor liquidez en los mercados a largo plazo, para lo que será necesario analizar las barreras existentes, según su misiva. Adicionalmente, esperan que se promuevan los instrumentos financieros complementarios como los contratos a largo plazo de compraventa de electricidad.

También insistía su carta que este cambio debe mantener las señales de mercado y asegurar la existencia de igualdad de condiciones. En este sentido, Alemania y sus socios consideran que los CfDs deben ser voluntarios, no retroactivos, dirigidos a nuevas inversiones renovables, con precios fijados en subastas y no en base a precios regulados.

Italia tampoco quiere el plan Ribera

La Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), que integra a los principales sectores del país, ha emitido este martes también un plan de reforma que también se aleja de la medida española. Para las empresas italianas la mejor opción no son los CFDs, sino una ‘plataforma de PPA’.  

“La creación de una Plataforma PPA permite a los consumidores comprar directamente energía renovable con perfiles adecuados a sus necesidades. La plataforma PPA proporcionará señales de precios a medio y largo plazo que tengan en cuenta la evolución del coste de las tecnologías. Su valor añadido será proporcionar a los consumidores energía verde con perfiles estándar que la hagan disponible incluso cuando no se produzca”, explica Confindustria.

La posición de Alemania y sus seis socios, ACER y, por último Italia, marca un escenario complicado para el plan de reforma de Ribera en el mercado eléctrico. Ahora, la Comisión Europea el que tenga la última palabra tras conocer la opinión de los países miembros. Una veredicto final que se espera complejo y, sobre todo, lento.

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