Los Presupuestos que diseñó Cristóbal Montoro con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el año 2018 se prorrogarán por segunda vez para el año 2020 -después de estar en vigor durante todo este año y de que Pedro Sánchez no haya sido capaz de formar Gobierno y sacar adelante unos nuevos para el próximo año-, lo que según los expertos tiene a la par ventajas e inconvenientes.
Los Presupuestos de Sánchez, que no llegaron a ver la luz, se basaban en un incremento del gasto social (500 millones para dependencia, 700 para vivienda, 20 millones para luchar contra la violencia de género, 15 para la memoria histórica, y un gasto de casi 154.000 millones en pensiones, entre otros) que se financiaría con reformas fiscales y la creación de nuevas figuras impositivas como el impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') o el gravamen sobre transacciones financieras ('tasa Tobin'), con los que el Ejecutivo pretendía recaudar 2.000 millones, una cuantía no avalada por instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el propio Banco de España.
Algunas de esas medidas de gasto social fueron aprobadas por real decreto-ley, como la subida de las bases máximas de cotización o del Salario Mínimo Interprofesional -que conlleva a su vez el alza de las bases mínimas-, pero otras no han podido salir adelante. Para los colectivos que estaban esperando estas políticas, la prórroga de los presupuestos de Montoro no será una buena noticia.
Sin embargo, expertos como Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, celebran que no se vaya a producir la subida de impuestos que tenía prevista el presidente en funciones y que iba a perjudicar a las empresas del país y al crecimiento económico.
Unas cuentas anacrónicas
Aún así, advierte de que los PGE de 2018 están desfasados respecto a la situación actual, ya que cuando diseñaron España no se encontraba en una situación de desaceleración económica cada vez más pronunciada, que se debe intentar frenar con medidas enfocadas a la búsqueda de productividad y la lucha contra la economía sumergida.
"El cuadro macro con el que se construyeron no responde a la realidad actual, los beneficios de las empresas ya están mostrando una ralentización lo que va a mermar el crecimiento de la recaudación. También si, por ejemplo, se congela la reducción del paro, eso también repercutirá en los ingresos por cotizaciones e IRPF", afirma en declaraciones a Vozpópuli.
La dificultad para cumplir con la senda de consolidación fiscal a la que España se ha comprometido con Bruselas es otro de los problemas, aunque tampoco estaría garantizada con los Presupuestos no nacidos de 2019.
Aunque el Gobierno consiguió una relajación de los objetivos de déficit hasta los niveles de -1,8% del PIB para 2019 y -1,1% para 2020 por parte de Bruselas, el veto del Senado le obligó a comprometerse al objetivo de -1,3% del PIB para este año y -0,5% para el próximo, aunque en la práctica el Ejecutivo trabaja sobre la primera opción.
El Ministerio de Economía ha dicho oficialmente que espera cerrar el año con un desfase presupuestario del -2% del PIB (una agujero de unos 24.000 millones), aunque el Banco de España no cree que vaya a bajar del -2,4%. Si esta previsión se cumple, el esfuerzo fiscal del año 2019 será prácticamente nulo, ya que el déficit cerró en 2018 en el -2,48%.
Habrá que hacer en 2020 un esfuerzo de 18.000 millones
Conseguir cerrar 2020 en el -0,5% del PIB, requeriría un esfuerzo del 1,5% en el mejor de los casos (18.000 millones) o de 1,9% (22.800 millones) si tiene razón el supervisor. Esos esfuerzos no están contemplados en los Presupuestos de 2018 ni serán posibles, según los expertos, con un crecimiento del PIB inferior al 2%. "Este es el mayor problema de la prórroga presupuestaria o de unos Presupuestos (como los de Sánchez) que no son realistas con el ciclo económico", advierte Coronil.
Coincide con ella Juan Moscoso, director de asuntos globales y públicos de Deusto Business School y exportavoz socialista en la Comisión Mixta para la Unión Europea, quien señala a este medio que la prórroga "dificulta el marco de relaciones con la UE y la pertenencia al euro, porque dificulta los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".
Al elaborar unos nuevos presupuestos los países modifican sus previsiones de ingresos y gastos en función de la situación económica del país, pero ahora al no poder hacerlo tendrán que lograrlo mediante "parches y modificaciones", por ejemplo, vía real decreto-ley, lo que "es más complicado". "Se tienen que justificar los cambios de forma más rigurosa y te lo miran más de cerca porque son medidas extraordinarias".
Se posponen las decisiones de inversión
Moscoso explica además que la falta de cuentas aplaza las decisiones de inversión de las empresas, lo que redunda en el crecimiento, e impide que salgan adelante proyectos nuevos. Es algo negativo además para el funcionamiento democrático.
"Este caso es preocupante porque el Gobierno no ha tenido nunca un presupuesto. Entonces, en términos de eficacia institucional y política y democrática no es bueno, porque eso quiere decir que no puede llevar a cabo su programa", explica.
Otra derivada de la prórroga es que todas las partidas siguen congeladas, tanto las que financian a los Ministerios como la de la Casa Real, RTVE o cualquier otro organismo.
Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), adscrito a la patronal, cree que es preferible que el país opere con los presupuestos de Rajoy, ya que los de Sánchez tenían "un marcado carácter electoralista tanto por el gasto como por los ingresos fiscales". "Eran desequilibradas y desequilibrantes, y nos iban a llevar a no cumplir los objetivos de Bruselas".
