La desaceleración económica y del empleo, junto a la crisis política y la formación de un Gobierno estable reformador, también va a pasar factura a las cuentas públicas. La última alerta afecta a las prestaciones por desempleo ya que el aumento del paro y el descenso del empleo están incrementando exponencialmente el gasto previsto, hasta el 12%, y el Estado se podría ver obligado a aportar más fondos de los previstos inicialmente.
Sucede precisamente en el primer ejercicio, desde el comienzo de la crisis en 2008, en que los Presupuestos Generales no realizan aportación alguna ya que el Gobierno preveía que el gasto se iba a autofinanciar con las cotizaciones de trabajadores y empresas. Lo que significa que los 17.411 millones del presupuesto prorrogado en 2018 para 2019 se van a quedar cortos y el Ejecutivo tendrá que transferir más de 2.000 millones para atender este rebote de las prestaciones ya que, además, las previsiones de ingresos por cotizaciones tampoco se van a cumplir. Esta nueva contingencia puede suponer un aumento del déficit de cerca de dos décimas y metería más presión al difícil cumplimento del objetivo previsto del 2% del PIB para el conjunto de las administraciones.
Según los datos del ministerio de Trabajo, últimos disponibles, en julio se produjo un auténtico aluvión de solicitudes de prestaciones por desempleo. Los nuevos parados presentaron 716.906 solicitudes para cobrar la prestación, un 17,1% más que en el mismo mes del año anterior (104.556 más). Se trata de la mayor subida interanual desde octubre de 2012, en plena primera recesión. Desde el tercer trimestre del año pasado había empezado a cambiar la tendencia y ya se acumulan 11 subidas consecutivas, pero la de julio es la más importante.
Hace un año, la demanda del seguro del paro decreció en este mes un -3,13%; un -3,44% en 2017; un -10% en 2016; un -12,1% en 2015 y un -17,7% en 2014. Lo que confirma el grave deterior del mercado laboral. Lo que significa, aunque los datos de paro han sido aún perores en agosto y seguramente en septiembre, que los despidos empiezan a ser masivos y que muchos trabajadores expulsados tienen acumulado en su ‘mochila’ tiempo cotizado suficiente para recibir la prestación. Hace falta haber acumulado cotizaciones durante 12 meses para tener una prestación mínima de cuatro meses o hasta seis años para disponer de dos años de percepción.
La situación empieza a ser delicada ya que, en tasa mensual, la demanda de prestaciones ha crecido un 23,6%, algo que no sucedía desde julio de 2009
Son las prestaciones contributivas, que se solicitan por haber satisfecho las cuotas, las que más crecen, un 18,7% más, cuando en julio de hace un año decrecía un –0,1%. Por tanto, muchos trabajadores, que ya han salido despedidos en los primeros atisbos de desaceleración económica, empiezan ya a consumir esta ‘mochila’ ante las dificultades para encontrar un nuevo empleo. Es otro indicador más de que, pese a que Sánchez no reconozca la situación (Zapatero hizo lo mismo) ante las nuevas elecciones, el descenso de la actividad económica puede ser algo más que una simple desaceleración. También suben las solicitudes de subsidio hasta el 16,7%, pero hace 12 meses sólo subían sólo un 0,4%, y de renta activa de reinserción, un 11,1% frente al descenso del -27,7% de julio de 2018.
Situación delicada
El modelo de prestaciones por desempleo fue creado en 1961 y fue incorporado a la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. En la ley de los Presupuestos Generales de 1988 se fijó una financiación general sin diferenciar los niveles contributivo y asistencial. Es decir, el Estado no pone dinero para pagar el paro, ni siquiera el asistencial de quienes no causen derecho por no haber cotizado, salvo que no haya ingresos suficientes por cotizaciones, como ha venido sucediendo desde 2008.
Mientras tanto, los partidos siguen negándose a realizar una reforma de separación de fuentes de financiación. Es decir, deben separase ambos niveles ya que el Estado, con los ingresos de todos los españoles, es quien tiene que abonar el desempleo subsidiado o asistencial (no contributivo) mientras que las prestaciones contributivas se paguen con las cotizaciones. Como ocurre con la cuentas de la Seguridad Social, los grupos políticos han creado un sistema de protección social no contributivo a cargo de los fondos de los cotizantes, aumentando su déficit, mientras que el Estado se ahorra aportaciones y reduce su propio déficit.
La situación empieza a ser delicada ya que, en tasa mensual, la demanda de prestaciones ha crecido un 23,6%, algo que no sucedía desde julio de 2009. En el acumulado del ejercicio, hasta julio se han demandado casi 4,5 millones de prestaciones frente a los 4,1 millones de hace un año, es decir, el alza es de casi el 10%.
Aumento de demandantes de paro
En cuanto al número de beneficiarios, en julio alcanzó 1.884.469 (106.048 más que hace un año). Crece a un ritmo del 6% cuando en el mismo mes de 2018 decrecía un -4% y, por ejemplo, en 2017 llegaba al -7,7% y en 2016 al -10%. No se producía un incremento tan elevado desde 2013. Que ahora empieza a haber más beneficiarios por la demanda de esta prestación al crecer los despidos lo confirma el aumento del 8,5% anual de quienes solicitan la prestación contributiva, hasta los 861.456. Hace un año esa demanda era sólo del 2,7%. Por si fuera poco, ante la imposibilidad de encontrar empleo de quienes han agotado la prestación, sobre todo los parados de larga duración, también aumenta el número de personas que piden el subsidio asistencial, crece un 14,7%, hasta los 779.646. En el ejercicio anterior esa demanda era negativa del -7,3%.
En tasa mensual, el alza de beneficiarios en su conjunto es del 7,8%. Es el incremento más alto desde noviembre de 2008. El problema para estos demandantes de prestación vendrá, si la situación económica empeora más, cuando los parados agoten la prestación o no puedan encadenar subsidios.
Como consecuencia de esta nueva avalancha de nuevos demandantes de prestación, el gasto mensual se situó en julio en más de 1.567 millones de euros, es decir, alcanzó los mismos niveles de 2008 en los primeros coletazos de la destrucción masiva de empleo del inicio de la crisis, que llevó, por ejemplo, a alcanzar un techo de casi tres mil millones en el mes de enero de 2010. El gasto era de 1.400 millones hace un año. Por tanto, las prestaciones de paro cuestan 167 millones más al mes ahora (12% más) en los primeros atisbos de cambio de ciclo económico. El alza se venía observando en los últimos meses de forma moderada, pero ese 'subidón' anual del 12% ha sorprendido ya que no se producía desde 2010. Los gastos de la prestación contributiva crecen un 10%, mientras que por la asistencial suben un 29,8% en parte por el nuevo el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. En tasa mensual, el alza total es del 9,7%. Nunca había subido tanto en este mes en las series históricas.
El problema es que, si además no se cumple el objetivo de recaudación previsto por la desaceleración y la caída del empleo, el Estado se verá obligado a cumplimentar la diferencia con nuevas aportaciones
El pago acumulado en los siete primeros meses del año alcanzó los 10.704 millones frente a los 10.077 de hace un año. Es decir, se ha producido un aumento del gasto de casi 700 millones más (6,2%). De seguir este ritmo de crecimiento, a final de año este gasto podría superar con creces los 19.000 millones, muy por encima de los 17.411 que figuran en los Presupuestos en vigor, prorrogados, e incluso por encima de los 18.101 que el PSOE había previsto en los Presupuestos rechazados por el Congreso. El problema es que, si además no se cumple el objetivo de recaudación previsto por la desaceleración y la caída del empleo, el Estado se verá obligado a cumplimentar la diferencia con nuevas aportaciones de fondos.
El SEPE volverá a situación de déficit
En los Presupuestos rechazados (página 256 del Libro Amarillo) el Gobierno señalaba que “la mejora del empleo y el correlativo aumento de las cotizaciones permiten financiar la actividad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suprimiendo casi íntegramente la transferencia del Estado” que ha venido realizando desde 2008. Es decir, el SEPE volverá de nuevo a la situación de déficit tras haber acumulados dos años de superávit como consecuencia del aumento de la recaudación por cotizaciones por el crecimiento del empleo y en 2019 por la subida del SMI. En todo caso, el Gobierno había previsto un aumento de los ingresos del 5,7% por el alza del empleo y del SMI y el gasto ya crece a un ritmo superior al doble (12%) de momento.
El pago en prestaciones por desempleo (contributivas y asistenciales) registró cifras de récord en 2010, acercándose a los 31.000 millones. Al no haber ingresos suficientes por cotizaciones, el Estado se vio obligado desde 2008, en atención al artículo 41 de la Constitución, a poner dinero para cubrir la totalidad del gasto. Las transferencias superaron los 16.000 millones en 2010 y también en 2011, es decir, casi la mitad del gasto total, y se han ido reduciendo hasta casi desaparecer en la previsión inicial de 2019. Lo más curioso es que cuando no hay dinero para pagar el paro, es el Estado quien destina fondos para ello. Pero, cuando no hay dinero para pagar las pensiones (las extras), el Estado facilita un crédito al sistema público con el compromiso de su devolución futura. Cosas de los políticos para maquillar unas cuentas públicas denostando otras.
