El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha solicitado a la Fiscalía Europea que le de la fecha aproximada en la que le va a remitir los informes relacionados con el 'caso Begoña Gómez' que implican al empresario Juan Carlos Barrabés. Actualmente se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Y es que, ya han pasado 9 meses desde que este organismo se declaró competente para investigar una serie de contratos que giran en torno Barreabés financiados con fondos europeos donde existían cartas de recomendación de la esposa del presidente En la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Juan Carlos Peinado pide conocer si el órgano comunitario tiene previsto trasladar a su juzgado algún informe sin perjuicio de que la investigación que arrancó el pasado mes de junio se esté llevando a cabo con carácter secreto.
El instructor informa, además, que si finalmente la Fiscalía Europea acuerda remitir alguna documentación relativa a la investigación que rodea a la mujer del presidente del Gobierno, la misma se mantendrá bajo secreto.
Cabe recordar que la Fiscalía Europea se hizo cargo de parte de la investigación que el juez Peinado dirige contra Begoña Gómez en el mes de junio. En concreto, este órgano se centra en tres contratos de los que fue beneficiaria la empresa del grupo Barrabés, Innova Next, al concurrir con la escuela de negocios The Valley y que fueron sufragados con fondos de la Unión Europea.
El protagonismo de Barrabés en el 'caso Begoña' cogió fuerza en julio cuando, tras declarar como testigo, Peinado acordó imputarle al reconocer que tuvo diversos encuentros con la esposa de Sánchez en el palacio presidencia. Al no aclarar las fechas ni concretar de qué hablaron, las acusaciones solicitaron el cambio de condición al haber dejado cuestiones en el aire.
Manos Limpias acusaba a Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno y que uno de los empresarios "beneficiados por sus recomendaciones o avales" había sido Barrabés, al que se habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.
Decisiones de la Audiencia Provincial
Sin embargo, hay que destacar que la Audiencia Provincial de Madrid declaró nulo el registro del domicilio y de las oficinas de Barrabés en el mes de enero. Los magistrados estimaron la petición de su abogado y corrigieron la decisión de Peinado al considerar que no la fundamentó de forma adecuada.
Los magistrados de la Sección 23 recordaron, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los acusados tienen derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas ya que, de lo contrario, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este caso, entendían que la urgencia para realizar el registro no se justificó teniendo en cuenta que el investigado estaba ingresado en el hospital, por lo que detallaron que "no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad".
En esta misma línea anularon posteriormente en febrero el registro de su teléfono y sus dispositivos informáticos que el instructor autorizó el 27 de agosto, por lo que los magistrados estimaron los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por el propio Barrabés. De modo que lo hallado en los dispositivos móviles no se puede utilizar en la causa porque se adquirió vulnerando los derechos del investigado.
Según consta en la resolución, el instructor había autorizado el desprecinto y análisis de una tablet, dos portátiles y un iPhone, así como el acceso y descarga del contenido de tres cuentas de correo electrónico. La Audiencia Provincial ordena ahora "la destrucción de las copias obtenidas" y ha avisado de que se deben dejar fuera de la causa "cualesquiera informes o documentos" relacionados con dichos volcados.
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