La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reprendido al Gobierno por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas, como la posibilidad de que las entidades que han rescatado, como la polémica aerolínea Plus Ultra, acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.
"El Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI, supone otro riesgo fiscal sobre el que no se aporta información en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), pese al volumen de operaciones concedidas y la posibilidad de insolvencia de algunas de las empresas, como podría ser el caso de la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas", señala la Airef en su último informe.
Llama la atención que de todos los rescates autorizados por la SEPI -entre los que figuran los de Air Europa, Duro Felguera o Ávoris Corporación Empresarial-, la Airef sólo alerte de la posible insolvencia de Plus Ultra, una aerolínea cuyo rescate ha sido cuestionado por no ser considerada estratégica y por sus conexiones con el Gobierno de Venezuela, como adelantó Vozpópuli.
Esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela), y sólo contaba con un avión cuando fue rescatada a principios de marzo con 53 millones de euros procedentes del fondo de la SEPI.
La situación financiera de Plus Ultra, que nunca ha arrojado beneficios y ya registraba pérdidas antes de la pandemia, según sus cuentas, podría llevarla a la insolvencia y a ser incapaz de devolver al Estado el rescate percibido, advierte la Airef.
De hecho, esta aerolínea consiguió salvarse de la disolución in extremis antes de la pandemia de la covid-19 gracias a un préstamo de un banco panameño.
La AP-7 y los arbitrajes energéticos, otros riesgos además de Plus Ultra
La Autoridad presidida por Cristina Herrero lamenta también que el Gobierno tampoco ha informado del riesgo fiscal del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la covid-19, dotado con 1.000 millones de euros y gestionado por Cofides.
En el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo sólo computa como posible riesgo para las cuentas públicas la ejecución de los préstamos avalados por el ICO -que podrían tener un impacto en déficit del 1,6% del PIB-, pero no contempla otros factores que podrían afectar a la sostenibilidad de las Administraciones Públicas.
Entre ellos, la Airef advierte de otros riesgos como "la materialización de los pasivos contingentes de ACESA, concesionaria de la autopista AP-7", que supondrían un impacto en el déficit en 2021 de 1.291 millones de euros, una cantidad que podría "acabar siendo mucho mayor en los próximos años por las discrepancias que existen con el Estado sobre la cantidad final reclamada por ACESA".
Tampoco se han contabilizado los riesgos por las sentencias por devoluciones de retenciones del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes; ni los arbitrajes internacionales energéticos por esquemas de apoyo a las energías renovables (que podrían tener un impacto de 9.632 millones).
La Airef alude también a las inversiones en programas de modernización de defensa en proceso de ejecución, los contratos de colaboración público-privado o los préstamos concedidos por las Administraciones Públicas que pudieran resultar de dudoso cobro.
El mayor riesgo: que la economía no crezca lo esperado
Los riesgos, no obstante, no son solo financieros. La autoridad fiscal advierte también sobre otros vinculados con la incertidumbre del escenario macroeconómico y del sanitario.
Ejemplos podrían ser el ritmo y la eficacia de la vacunación, la aparición de nuevas variantes más resistentes del virus o la capacidad de ejecutar de forma rápida y eficiente los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estos aspectos "siguen siendo claves en la evolución de determinadas variables como el empleo, los salarios, el consumo privado o el excedente bruto de explotación, los cuales afectarán a la senda final de los recursos tributarios y de las cotizaciones, así como de los gastos por desempleo".
Significa, por tanto, que una evolución peor de la prevista en estos indicadores podría mermar los ingresos públicos -respecto a la previsión- o engordar los gastos, lo que en definitiva supondría mayores desviaciones presupuestarias.
En resumen, dice la Airef, "uno de los principales riesgos fiscales es el que deriva de la posibilidad de que no se cumplan los supuestos que conducirían a la evolución esperada de la economía".
