Cambios en el mayor proyecto de concesión de obras en España. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso modificará condiciones de la adjudicación de la nueva Ciudad de la Justicia, que pretende sellar antes del cierre de la Legislatura el próximo mes de mayo.
En estos momentos, la adjudicación se está negociando sin publicidad, una posibilidad que contempla la Ley de Contratos del Sector Público para concursos que han quedado desiertos. De hecho, fue tras una serie de alegaciones presentadas por la patronal de las grandes constructoras, Seopan, que la Comunidad de Madrid modificó el plazo de presentación de ofertas hasta el pasado mes de diciembre.
Desde Sol cuentan ahora con margen para introducir ligeros cambios, si bien no sustanciales como serían los relativos al presupuesto base de licitación, el sistema de retribución, los criterios de adjudicación o la revisión de precios. Y ello, por las limitaciones que marca la ley.
Así las cosas, la Comunidad se plantea implementar, entre otras, una modificación menos radical pero coincidente con uno de los grandes reclamos de las constructoras españolas con mayor interés en este proyecto: la cotizada en el Ibex 35 ACS que encabeza Florentino Pérez, y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), controlada por el magnate mexicano Carlos Slim.
Cambios en las condiciones
Se trata de la posibilidad de que el concesionario pueda subcontratar la seguridad y la vigilancia, en lugar de tener que acudir a la contratación en forma de UTE ya de la mano de una empresa exclusivamente dedicada a esa actividad -considerada inicialmente parte "esencial" del contrato por la CAM. Era una de las cuestiones que habían planteado como esenciales tanto FCC como ACS, a la que fuentes del mercado sitúan como la principal candidata a hacerse con las obras.
"Si ACS no se acabó presentando a la licitación, es porque las condiciones, con la subida de tipos de interés, se volvieron imposibles; será ACS o no será", llega a afirmar a este medio el directivo de una de las mayores concesionarias del país. Y ello pese a que entre los interesados se contabiliza una decena de empresas. Las compañías dirigidas por Florentino y Slim junto a OHLA, por este orden, son las que más interés han mostrado.
Fuentes del mercado apuntan a que en el proyecto final también podrían modificarse otras cuestiones. En este sentido, desde la Comunidad de Madrid responden que "al ser un procedimiento esta vez sin publicidad todos los detalles lógicamente se publicarán y se darán a conocer una vez esperemos que esta vez sí haya adjudicatario".
Un coste de 507 millones...
Con la Ciudad de la Justicia, el Gobierno Ayuso buscará aglutinar en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. Sería de una forma más modesta que la iniciativa frustrada de Esperanza Aguirre en 2004, según fuentes del sector de la arquitectura.
Informantes del mercado de la construcción han advertido de que los números podrían quedarse cortos en atractivo potencial, lo que ya ha justificado que el proyecto quede desierto.
La Comunidad de Madrid ha cifrado el coste de las obras en alrededor de 507 millones de euros que los adjudicatarios deberían afrontar. En las conversaciones con las constructoras, los técnicos autonómicos han hecho hincapié en la posibilidad de financiar un 50% del coste de los trabajos de infraestructura con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.
Un negocio de 2.850 millones
El Ejecutivo madrileño ha planteado un proyecto de construcción durante cuatro años y concesión por otros 36 años a cambio de una promesa de ingresos para el concesionario estimada en unos 2.850 millones de euros (sin IVA) incluida una eventual revisión de los precios del 20%.
El canon podría ajustarse al alza -hasta el 20%- una vez agotados los primeros dos años del contrato y el primer 20% del presupuesto, tomándose como referencia para la revisión de precios -que no estaría directamente ligada a la inflación sino a distintas variables- el año de la formalización.
El horizonte del Ejecutivo madrileño es que las obras estén terminadas entre finales de 2026 y principios de 2027. Según sus cálculos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones a los citados 49,35 millones.
