Cerca de la mitad de los trabajadores que han firmado sus convenios para 2023 vincularán sus salarios al Índice de Precios de Consumo (IPC) a través de cláusulas de garantía. Este mecanismo permite a los trabajadores revisar al alza las tablas salariales cuando la inflación supere al IPC previsto o al incremento acordado por convenio; aunque existe una amplia amalgama de tipos de cláusulas y particularidades según el caso.
En concreto, hasta febrero de 2022 hay 605 convenios ya registrados que tendrán vigencia en 2023 y que afectan a 1,6 millones de trabajadores. De esos, 215 convenios, que afectan a 0,8 millones de trabajadores, tienen una cláusula de salvaguardia, según informan a Vozpópuli desde el Banco de España (BdE) de acuerdo con la última información disponible.
El gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, destacó este martes en un evento que casi el 30% de los trabajadores con convenio registrado hasta febrero de este año tienen algún tipo de cláusula de garantía salarial que relaciona los incrementos finales pactados en 2022 a la evolución de la inflación. "Este porcentaje es superior al que se observaba a finales de 2021, del 17%", señaló.
Sin embargo, "cuando se analizan los convenios que tendrán vigencia en 2023, este porcentaje asciende a casi el 50% del total, aunque, en este caso, referido todavía a un número de convenios reducido", añadió el gobernador del Banco de España. Lo cierto es que los convenios pactados hasta ahora aún representan una parte pequeña de todos los que acabarán firmándose a lo largo del año y que afectarán en 2023 a unos diez millones de trabajadores.
El 80% de los trabajadores todavía está negociando su convenio
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo reflejan que a cierre de febrero, menos de la mitad de las empresas tenía vigente o activo su convenio. En concreto, se contabilizaron 404.117 empresas con convenios registrados y con efectos a cierre de febrero, frente a las 896.702 compañías que firmaron uno a lo largo del 2021. Si se compara con 2020, la brecha es aún mayor (en aquel momento se superaba el millón de empresas con convenio colectivo) por el impacto que la pandemia ha tenido en el tejido productivo.
Es decir, que cerca de medio millón de empresas todavía tienen que renovar sus convenios colectivos en los próximos meses con la inflación disparada por la crisis energética, agravada ahora con la guerra en Ucrania. Como es habitual, la mayoría de las compañías actualizarán a lo largo de estos meses los acuerdos colectivos de trabajo, pero la pérdida de poder adquisitivo de los empleados con la subida generalizada de precios amenaza con complicar las negociaciones.
Los sindicatos reclaman una subida cercana al 5% para que las rentas no pierdan poder adquisitivo; frente a la patronal, que apunta a la pérdida de productividad que esto supondría, además de que amenazaría con convertir el problema de la inflación en estructural. El Gobierno, por su parte, pide cautela y pide un pacto de rentas para repartir el impacto de la subida de precios.
Un pacto de rentas
El Banco de España también reclamó este martes un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios "en el que todos acabarán ganando en el medio plazo, pero en el que todos han de asumir una pérdida en el corto plazo". De momento, la subida salarial pactada en los 1.694 convenios activos hasta la fecha alcanzó el 2,26% de media, lejos del 7,6% del IPC general y del 3% de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos).
"Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes. Si todo el ajuste recayera sobre los trabajadores, en el medio plazo las empresas también acabarían sufriendo las consecuencias al experimentar un fuerte retroceso en su demanda. En cambio, si hiciéramos recaer todo el ajuste sobre las empresas, muchas de ellas se verían abocadas al cierre y otras muchas sufrirían pérdidas significativas de competitividad que afectarían a su capacidad de inversión futura", señaló.
El BdE también incidió en que sería deseable evitar medidas cuya implementación sea excesivamente general y fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia. "Un incremento o generalización de estas cláusulas elevaría significativamente el riesgo de que se materializara una eventual espiral de incrementos salarios-precios", sentenció.
Sin embargo, desde CCOO aseguran que intentarán recuperar las cláusulas de garantía salarial, que durante los últimos años desaparecieron de muchos convenios y ahora apenas están presentes en el 16% del total. "Nuestra intención es que esas cláusulas vuelvan a estar en los convenios, pues la inflación tiene un nivel suficientemente alto como para tenerse en cuenta, además de que pensábamos que iba a ser algo coyuntural pero con la guerra en Ucrania amenaza con mantenerse más tiempo y tener más importancia", señalan fuentes sindicales a este periódico.
