El número de efectivos que destina España a la lucha contra la economía sumergida será en 2019 de 25.916 empleados, la mitad de los que utilizan en la media ponderada de Europa, lo que provoca que la economía sumergida en nuestro país sea el doble que la de los países de nuestros entorno.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en cuanto a personal dedicado a combatir estas prácticas fraudulentas, de forma que en nuestro país cada empleado debe vigilar a 2.836 ciudadanos, mientras que en la UE tienen la mitad de trabajo: cada efectivo controla a 1.185 personas.
La falta de plantilla, que se agudizó fundamentalmente con los recortes que se acometieron durante los años de crisis, es la responsable de que la economía sumergida en España represente un 25% del PIB, es decir, cerca de 300.000 millones de euros que "están circulando a espaldas del fisco", según cálculos de José María Mollinedo, secretario general de Gestha.
El Gobierno ha incluido en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) un Plan de Control Tributario que incluye la decisión de incrementar en 387 personas el número de empleados que combaten la economía sumergida hasta los 25.916.
Este incremento es insuficiente para Gestha, que advierte de que el Gobierno debe revertir la falta de personal para poder alcanzar sus objetivos de recaudación, ya que con su proyecto de prevención y lucha contra el fraude el Ejecutivo prevé ingresar 828 millones de euros.
Entre otras medidas se prevé que baje los límites de pagos en efectivo a 1.000 euros entre empresas, que mantenga los 2.500 euros cuando el pagador es un particular y reduzca a 10.000 si el pagador es un particular no residente.
También quiere reforzar la lista de morosos a partir de 60.000 euros impagados, junto con el nombre de los responsables solidarios de los impagos dejados por sociedades.
Vigilar a las grandes fortunas, las que más defraudan
Además de reforzar las plantillas que se encargan de controlar, Gestha sugiere al Gobierno que desplace el foco de vigilancia a las grandes fortunas y patrimonios, "donde se encuentran las grandes bolsas de fraude y a las que paradójicamente sólo se destina un 20% de los recursos", lamenta Mollinedo.
Piden también a Pedro Sánchez que acometa "una verdadera reforma fiscal" y deje los cambios puntuales, como se ha hecho hasta ahora.
Haría falta además "una mayor coordinación entre las distintas administraciones tributarias, la elaboración de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude, aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos e incrementar el número de efectivos".
"El fraude y la evasión fiscal son las principales losas de la recaudación en nuestro país"
Creen que la Agencia Tributaria debería contar con estructuras más horizontales y con una capacidad de decisión más compartida para evitar las "injerencias políticas o económicas".
Gestha apunta que la economía sumergida en España se produce principalmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, seguido del de industria y servicios, y señala que aunque el fraude tributario está "más contenido" en el sector agropecuario, éste presenta tasas más altas de fraude laboral.
