La fiscal encargada de investigar el 'caso Lezo, Ana Cuenca, ha anunciado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su intención de finalizar "en breve" sus pesquisas y acusar al presunto cabecilla de la trama, Ignacio González, al menos de los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, según consta en un escrito de 20 de diciembre al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.
En un escrito dirigido a la Sala, en el que el ministerio público se opone a las pretensiones del imputado brasileño Sebastiao Cristovam de ser apartado de la causa, Ana Cuenca asegura que la investigación evidencia la existencia de indicios suficientes para acusar, a este empresario y al resto de implicados en la presunta mordida de 5 millones de euros por la compra de Emissao, de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho: "Elementos que ya nos permiten ir concluyendo la investigación y solicitar, como nos disponemos a realizar en breve, que se dicte auto de procedimiento abreviado para, seguidamente, presentar nuestro escrito de acusación".
Los hechos que se investigan en la pieza de Emissao, según la Fiscalía, se remontan a 2013 con la adquisición por la división internacional del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad brasileña mediante la utilización de la firma uruguaya Soluciones Andinas del Agua SA.
5 millones de euros
El precio, "sin justificar", según la Fiscalía, fue de 27 millones de euros (31 millones de dólares). Un coste que la fiscal asegura que "encubrió e incluyó el pago de ilícitas comisiones por importe de 5 millones de euros destinadas a retribuir a distintos cargos públicos y otras personas vinculadas a la sociedad Inassa y/o partícipes en este operación como fueron Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro Pereira, Diego García Arias y Luis Vicente Moro".
Estas comisiones "encubiertas" fueron pagadas, siempre según la Fiscalía, por Sebastiao Cristovam, el vendedor de Emissao, "quien se concertó con los investigados mencionados a través, principalmente de Diego García Arias, para inflar el precio de la mercantil en 5.850.000 de dólares (5 millones de euros) que, una vez los cobró, los transfirió mediante su cuenta bancada abierta en Suiza a los investigados ya mencionados", completa la fiscal.
Asimismo, Ana Cuenca sostiene que la malversación de fondos públicos cometida en esta operación de compraventa está "suficientemente acreditada", ya que el ente público la ejecutó mediante la utilización de una sociedad interpuesta y sin contar con una valoración objetiva e independiente que permitiera concretar el precio que debía pagarse por ella.
"Saltándose controles"
Y los imputados compraron la empresa "saltándose todos los controles establecidos y necesarios para velar por el buen uso de los fondos públicos", destaca la fiscal, que considera que incumplieron los principios que deben presidir la actuación de los entes públicos.
Además, la representante del ministerio público sostiene que los parámetros utilizados para calcular el precio de la empresa "carecían de toda fiabilidad al ser incompletos y no estar auditados", aspectos que según considera se reflejaban en la documentación que se tuvo en cuenta para aprobar esta operación, y pese a lo cual se autorizó la operación: "Lo que evidencia que hubo un despilfarro del dinero público", concluye el escrito de la Fiscalía anticorrupción.
Fuentes cercanas a Ignacio González han destacado el hecho de que todas las comisiones rogatorias sobre Ignacio González han dado un resultado "negativo".
