El informe de los expertos que han asesorado al Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal recupera una de las medidas más polémicas y que más quebraderos de cabeza han causado al Gobierno de Pedro Sánchez: la supresión de la tributación conjunta en el IRPF, medida que apareció en la publicación del Plan de Recuperación y que levantó gran controversia y contestación por tratarse de un beneficio fiscal de más de 1.000 millones de euros para las familias. Y lo hizo en un momento especialmente inoportuno para el Ejecutivo: justo antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, cuando el Gobierno puso en barbecho todos su planes de subidas de impuestos para intentar competir con Isabel Díaz Ayuso.
La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llegó a calificar la presencia de esta medida en el Plan de Recuperación de "errata" y "sorpresa" y aseguró por una parte que no había nada al respecto en la reforma fiscal que se había remitido a Bruselas y a la vez dijo que en cualquier caso era un "planteamiento poco claro".
La propuesta no aparecía entre los componentes fiscales sino en los de igualdad "para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo", pero era clara: “Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”.
Llama la atención que entonces el Gobierno decía que habría que esperar a que acabaran los trabajos del comité de expertos de la reforma fiscal que acaba de empezar su análisis, y que si entonces proponían esta medida, se lo plantearía.
Pus bien, el informe ya está aquí y propone suprimir esta reducción de 3.400 euros en la base imponible, que beneficia a cerca de cuatro millones de contribuyentes individuales y supone un coste de 1.070 millones de euros para las arcas públicas, según el cálculo de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. La reducción beneficia sobre todo a familias donde uno de los cónyuges no trabaja o existe una gran diferencia entre las rentas de uno y otro.
El comité recuerda que el marco tributario trata de ajustar la carga tributaria de determinados contribuyentes integrados en unidades familiares y que la reducción por tributación conjunta actual arranca de la la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Consiste en una reducción en la base de 3.400 para las unidades familiares biparentales, y de 2.150 para las monoparentales con el fin de evitar las pérdidas que su supresión ocasionaría a determinados matrimonios con un único perceptor de rentas (en particular, pensionistas con rentas reducidas) y también para corregir el exceso de tributación originado por la acumulación de rentas en la unidad familiar.
Sin embargo, advierten los expertos, "es un mecanismo que puede desincentivar la participación laboral del segundo perceptor (que en un 87% son mujeres) en las unidades familiares integradas por los dos cónyuges".
En opinión del comité, "estas finalidades de la reducción son extrañas a un impuesto individual, como pretende serlo el IRPF" y, por tal motivo, plantea su supresión y es partidario de estudiar su sustitución por un mínimo (o la modulación de los existentes) que permita adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de estas unidades familiares.
Fin de la deducción de alquiler
El comité recomienda también que se valore la posibilidad de eliminar o rebajar sustancialmente la reducción estatal de los rendimientos netos del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. De acuerdo con la Memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el importe estimado de este beneficio fiscal asciende a 1.478 millones de euros.
El informe recuerda en este punto que el comité es partidario de incluir los rendimientos del capital inmobiliario en la base del ahorro del IRPF. Si fuera adoptada esa alternativa, la reducción por arrendamiento de vivienda podría suprimirse íntegramente.
Las propuestas sobre la tarifa del IRPF están menos alineadas con las llamadas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos a acercar o equiparar las rentas del trabajo y del ahorro. Plantean que podrían subirse los tipos más altos para desincentivar la conversión de rentas generales en rentas del capital. Pero a la vez advierten de que los tramos bajos de las rentas del ahorro no parecen coherentes con las razones en las que se funda la existencia de un gravamen diferenciado. Comparando las tarifas, general y del ahorro, subrayan que, entre 6.000 y 12.450 euros, el tipo marginal es mayor para la base del ahorro y, consecuentemente, para una base liquidable entre 6.000 y 16.750 euros, la cuota íntegra es mayor para la base del ahorro, con lo que plantean rebajarla.
En cuanto a la reducción por rendimientos del trabajo, proponen mantener la la reducción fija de 2.000 euros, que compensa por los gastos de difícil justificación, y recomienda transformar la reducción variable en una deducción reembolsable en la cuota, similar al Earned Income Tax Credit aplicado, entre otros países, en Estados Unidos.
Ninguna de las propuestas del IRPF, que se plantean como tales, aparece al final entre las propuestas numeradas que ofrece el informe, a diferencia de todas las que se hacen sobre impuestos medioambientales, por ejemplo. O las que piden armonizar Patrimonio y Sucesiones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos.
