La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular de Podemos seguirá adelante pese al último pronunciamiento de la Sala de lo Penal que ha limitado una parte importante de las pesquisas. El magistrado Manuel García Castellón ha encargado a la UDEF que analice la veracidad del testimonio de los testigos protegidos que han declarado hasta el momento en este procedimiento. El objetivo es tratar de esclarecer si, como apuntó inicialmente Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, se habrían canalizado pagos irregulares dentro de la formación morada desde Venezuela.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli precisan que la Policía Judicial pondrá la lupa en las confesiones de todas las personas citadas hasta el momento y que fueron propuestas por el exjefe de la Inteligencia militar de Venezuela. El magistrado consideró pertinente citarles en calidad de testigos y otorgarles la condición de protegidos para evitar que trascendiera su identidad. Tras recabar todos estos testimonios, se encargó a la UDEF que rastreara las cuentas bancarias de algunos de los fundadores de Podemos, entre los que se encuentran Carolina Bescansa, y de otras empresas implicadas en estos cobros.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esta decisión al entender que se trataba de diligencias prospectivas y que tampoco había una base probatoria lo suficientemente sólida como para acordar estas diligencias. Este choque de criterios derivó en la Sala de lo Penal, la cual se ha pronunciado esta misma semana dándole la razón al Ministerio Público y rechazando esta línea de investigación. No obstante, no se opuso a que se investigasen la veracidad de los hechos relatados por todos los testigos por otra vía que no sea el rastro de los fondos bancarios de los cargos de Podemos implicados en estos hechos.
Giro en la causa
De esta forma la investigación, que continúa bajo secreto de sumario, avanza ahora en esa línea en aras a esclarecer si se cometió delito con los pagos que giró Venezuela de fondos de la petrolera estatal PDVSA. Las pesquisas se reabrieron el pasado mes de octubre, aunque las mismas vienen de lejos. En concreto la causa se remonta a 2016, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió diligencias por estos hechos. No obstante, las terminó archivando al constatar que las pruebas que había sobre la mesa sobre este asunto eran insuficientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La detención del Pollo Carvajal propició un giro de 180 grados a toda esta historia. El exmando militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ofreció a colaborar con la Justicia cuando agentes de la Policía le arrestaron en un domicilio de Madrid. Carvajal estaba en búsqueda y captura para ser extraditado a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de tráfico de drogas y de armas. Tras su arresto, y mientras la Justicia española terminaba de tramitar su entrega, se comprometió a prestar declaración en la Audiencia Nacional en relación a los supuestos nexos entre el gobierno de Maduro y el terrorismo internacional.
Sin embargo, en esa primera citación no solo habló de los supuestos vínculos entre las FARC y ETA sino que ya apuntó a Podemos por sus nexos con Venezuela. Ello motivó la reapertura de las diligencias de 2016 y una nueva citación de este antiguo militar y diputado chavista que trata de evitar a toda costa su entrega a Estados Unidos. En esta segunda declaración, Carvajal desgranó supuestas vías de financiación irregular de Podemos, siendo una de ellas unos pagos por importe de 142.000 dólares que habrían percibido una de las fundadoras del partido, Carolina Bescansa, junto con otros miembros como Jorge Lago o Ariel Jerez.
El desembolso lo autorizó el propio Nicolás Maduro en 2013 y se canalizó a través de la empresa Viu Comunicaciones, una de las mercantiles en las que también pusieron el foco los investigadores. Del mismo modo apuntó también a pagos a la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) y al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Al respecto señaló que el exdiputado de la formación morada recibió importantes sumas de dinero vía transferencia, por valija diplomática y también en la recepción de un hotel de Caracas. Según dijo todos los fondos provendrían de la principal petrolera del país, cuyo supuesto saqueo se investiga, en paralelo, en un procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional. El partido, por su parte, niega estas acusaciones.
Pendiente de la extradición
Mientras tanto Carvajal sigue en la prisión de Estremera a la espera de que se resuelva el trámite de extradición a Estados Unidos. La Audiencia Nacional ordenó su entrega en noviembre de 2019, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, no se pudo hacer efectiva ya que se declaró fugado de la Justicia. Por ello se dictó una orden de búsqueda y captura hasta su detención el pasado 9 de septiembre en Madrid. Su arresto no determinó la entrega inmediata a las autoridades estadounidenses ya que todavía se estaba tramitando el recurso interpuesto a la negativa del Ministerio del Interior de otorgarle asilo.
En paralelo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional también cerró la puerta a cualquier posibilidad de mantenerle en España. En concreto, denegó la adopción de medidas cautelarísimas contra el trámite de su entrega, que se ha seguido en la Sala de lo Penal. El Tribunal Supremo, por su parte, desestimó también el recurso que interpuso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020 por el que se aprobaba su entrega. De esta forma despejó el camino a la Sala de lo Penal la cual dio luz verde al trámite final tras constatar que Washington cumplirá con las garantías en relación con todo el proceso de extradición.
