Los fondos europeos son la baza que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene para eludir el batacazo electoral este año. Unos fondos que durante dos años consecutivos han suscitado decepción, desencanto e, incluso, indiferencia por parte de los que debían recibirlos. Sentimientos provocados por la lenta ejecución de las administraciones públicas y la maraña burocrática en la que se han visto envueltos. Aun así, el Gobierno dispone de más de 160.000 millones para comprometer a lo largo del 2023, cuando pensionistas, trabajadores y empresarios serán llamados a las urnas. Y ya se ha puesto manos a la obra.

Los fondos Next Generation EU se anunciaron en 2020 como una especie de Plan Marshall contemporáneo -salvando las distancias- que había sido concebido para reflotar las economías de los países miembros de la Unión Europea tras sufrir la bofetada del coronavirus. España se adjudicó 140.000 millones, pero la lenta recuperación económica y los efectos de la guerra en Ucrania le han dado derecho a una asignación mayor.

Por un lado, bajo el programa RePowerEU, para reducir la dependencia energética de Rusia, el Ejecutivo podrá repartir 2.600 millones en ayudas directas. Además, tras la asignación inicial, Bruselas concedió a España 7.700 millones 'extra' en transferencias no reembolsables de los Next Generation, al ser el último país de la UE en recuperar el Producto Interior Bruto (PIB) que tenía antes de la pandemia. Una losa que el país aún no ha superado y, previsiblemente, no superará hasta 2024.

En todo caso, el Gobierno es optimista sobre este asunto y calcula un crecimiento del 2,1% para 2023, muy por encima del resto de organismos económicos. Ni la Comisión Europea, ni el FMI, ni la OCDE, ni el Banco de España, ni la AIReF. Ninguno espera que España crezca más del 1,5% este año. El Gobierno está volcado en hacer florecer la inversión a lo largo de este año con el 'riego' de los fondos europeos, lo que impulsaría al alza el crecimiento económico del país y dejaría a Sánchez en una mejor posición pese al contexto de inflación y la amenaza de recesión en España.

De momento, en los dos primeros años de ejecución del Plan de Recuperación, España ha recibido 31.000 millones desde Bruselas en forma de subvenciones y ya ha solicitado otros 6.000 millones, el que sería el tercer pago y al que Bruselas aún no ha dado 'luz verde'. Sin embargo, la ejecución real está lejos de esas cifras. A falta de datos oficiales (el Gobierno dejó de darlos allá por agosto de 2021), servicios de estudios y empresarios calculan que apenas ha llegado a las empresas una tercera parte de esa cuantía (alrededor de 3.400 millones en subvenciones y 7.400 millones en contratos).

Maniobra para acelerar el reparto

Por esta razón, el Gobierno ha aprobado esta semana una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas en las corporaciones locales para desatascar los fondos europeos, que se sumará a la oferta correspondiente al año 2022. Así consta en el último Real Decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania. Asimismo, el Ejecutivo se ha visto obligado por Bruselas a crear dos programas de formación a funcionarios y trabajadores y ofrecer asistencia técnica. 

La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció el pasado mes de diciembre en rueda de prensa la tardanza en la ejecución. Lo achacó a "falta de trabajadores cualificados". Sin embargo, fuentes conocedoras de la tramitación del Plan también atribuyen este problema a la complejidad de requisitos y procesos, especialmente en el primer Proyecto Estratégico (PERTE), el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).

En el PERTE VEC las empresas automovilísticas se encontraron con diferentes obstáculos que les han hecho perder interés, requiriendo incluso esfuerzos por parte de las administraciones públicas para retenerlas, según informan fuentes conocedoras de la situación. De hecho, tras el fiasco que supuso la principal convocatoria de este PERTE, que quedó desierta al 70%, el Gobierno está relajando las exigencias en los siguientes PERTEs, con el de Economía Circular y el Agroalimentario como ejemplos, tal y como publicó este periódico.

Además, tras el atasco en la adjudicación de los fondos UE, el Gobierno intenta evitar otro fiasco en la fase más avanzada de la ejecución. En concreto, ha ampliado el plazo para que los beneficiarios de subvenciones financiadas con los Next Generation EU justifiquen el cumplimiento de los objetivos para los que se les otorgaron. Aquellos con subvenciones de fondos UE tendrán 15 días para subsanar errores en la justificación del gasto y no devolver el dinero. El Gobierno coló este cambio en el decreto ley para facilitar el pago de hipotecas.

Finalmente, el Gobierno está intentando ganar tiempo para cumplir sus 'promesas' a Bruselas y que no 'corte el grifo' de los fondos. Alemania es la referencia. El gobierno de Olaf Scholz ha solicitado ampliar los plazos para ejecutar dos convocatorias de su Plan y esto allana el camino a España en su objetivo de ganar tiempo para gastar los 77.200 millones que le corresponden en subvenciones (es decir, a fondo perdido), que según el reglamento debe estar asignado o comprometido a más tardar el 31 de diciembre de 2023 y ejecutado antes del 31 de diciembre de 2026.

En la adenda que presentará, previsiblemente, este mes a Bruselas para recibir más dinero (la mayor parte, 84.000 millones, en forma de 'préstamos blandos'), el Gobierno propondrá la ampliación de plazos de determinados hitos y objetivos, tal y como ha avanzado el propio Ejecutivo. Aquí podrían entrar reformas clave como la de las pensiones, pero también compromisos en materia de inversiones. En todo caso, el objetivo es asignar, o al menos comprometer, el máximo posible este año, por la cuenta que le trae al presidente y a su partido.

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