Los 83.000 millones de euros que el Gobierno pretende pedir prestados a Bruselas entre 2024 y 2026 computarán como deuda del Estado, amenazando la sostenibilidad de las finanzas públicas en un momento clave. Para empezar, el endeudamiento de España no cesa y la mejora del PIB no ha logrado aún devolver la ratio de deuda hasta los niveles previos a la pandemia. Aún se sitúa por encima del 100%. A esto se suma el inminente regreso de las reglas fiscales, que pillará a España en una posición vulnerable.
Está previsto que España reciba el primer desembolso de préstamos por parte de Europa en el segundo semestre del año que viene, alrededor de 15.000 millones. Sin embargo, el calendario acordado con la Comisión Europea concentra la mayor parte de los préstamos en 2025 y 2026, cuando se pedirían cerca de 34.000 millones al año. Se prevé que en ese momento la maquinaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento funcione ya a pleno rendimiento, con unos objetivos de deuda y déficit del 60% y 3% del PIB, respectivamente.
Fuentes expertas advierten de que el saldo vivo de la deuda no dependerá sólo de los libramientos de los préstamos europeos, sino también de lo que el Estado sea capaz de amortizar para reducir la senda. Además, las mismas fuentes apuntan que el incremento de la deuda pública que acarreará la petición de los préstamos europeos para financiar proyectos empresariales a un bajo interés necesariamente deben ir acompañados de un crecimiento económico potente.
La revisión del INE del crecimiento económico en 2021 y 2022 ya ha permitido rebajar el endeudamiento de las administraciones públicas en dos puntos, hasta el 111%. En todo caso, sigue siendo un nivel elevado. Además, el volumen de deuda no deja de crecer y en el segundo trimestre del año se situaba ya en los 1,569 billones de euros. Si mantiene el nivel de crecimiento, podría marcar un nuevo hito en los últimos meses y alcanzar los 1,6 billones.
Por su parte, fuentes del Gobierno comentan que, tal y como se ha planteado, la petición de préstamos "es compatible con el cumplimiento de la senda de reducción de la deuda" que exige Bruselas, "colocándonos por debajo del 110% este año". Además, comentan que la utilización efectiva de los 83.000 millones dependerá de la demanda real de las empresas con el objetivo último de ahorrar en costes de intereses, que es la ventaja de este mecanismo.
Se desconoce aún el coste de financiación, pero el Gobierno detalla que "dependerá del coste que tenga que asumir la Comisión Europea en sus emisiones de deuda pública". Otros Estados miembros solicitaron los préstamos desde que se ideó el Plan de Recuperación en 2021, lo que les ha permitido hacerlo a un tipo de interés más ventajoso. España se centró en las transferencias no reembolsables (subvenciones) y ahora ha decidido optar también a los préstamos.
Otra parte positiva de estos préstamos europeos a la que apuntan los expertos consultados es que permitirán al Estado aumentar el plazo de vencimiento de la deuda pública, dando más margen para gestionar la política económica.
Los créditos fallidos también amenazan el déficit
En cuanto al déficit público, el impacto de estos préstamos será neutro. Sin embargo, existe el riesgo de que las empresas a las que el Estado presta el dinero se convierte en créditos fallidos, aquellos que al no contar el deudor con bienes y derechos embargables para hacerle frente se catalogan como incobrable. Estos impagos sí se traducirían automáticamente en déficit.
En todo caso, para conocer ese impacto habrá que esperar años, por lo que España tendría más fácil cumplir su compromiso de rebajar el déficit al 3% ya en 2024. Además de los 'topes' marcados del 3% de déficit público y el 60% de deuda en relación al PIB del país, la propuesta de la Comisión Europea conocida a finales de abril establece que los Estados miembros con un déficit superior al 3%, como España actualmente, deben llevar a cabo ajustes fiscales mínimos del 0,5% del PIB al año.
