Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno en 2018 y decidía crear el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza. Los objetivos serían impulsar un Plan Nacional de Energía y Clima para descarbonizar la economía española con la finalidad de cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Una senda que Ribera y su equipo han seguido en estos tres años sin levantar el pie del acelerador. Aunque, tres años después, en plena pandemia y con cuatro meses con los precios de la electricidad disparados, la ministra reconoce que su ruta ‘verde’ no está preparada para el actual sistema eléctrico.
"Estamos viendo cómo hay una demanda importante por parte de las empresas eléctricas y de organizaciones o sectores de introducir cambios en la tarifa regulada, que es algo que tenemos que buscar", declaraba este jueves Teresa Ribera en una entrevista en la Cadena Ser tras cinco días consecutivos de récord de precios en el mercado mayorista (pool). Una declaración que va en línea con la que realizaba al diario El País el pasado mes de julio: “Estamos abiertos a los análisis que se han venido haciendo sobre cómo diseñar el mercado para que funcione”.
Dos sentencias de la vicepresidenta del Gobierno en plena crisis de los precios eléctricos que evidencia que no está conforme con el mercado eléctrico. Pero no ofrece ninguna alternativa más allá de la retirada temporal del IVA en la factura, el impuesto de generación y la propuesta que ha trasladado a las cámaras para reducir la sobre retribución de las hidroeléctricas y nucleares. Ribera prevé que el mercado mayorista continúe al alza y considera que se debería buscar una fórmula para hacer que la regulada consiga cierta estabilidad, ya que actualmente depende de la volatilidad del mercado eléctrico.
Una corrección, en pleno escándalo social por los precios eléctricos, que abre un nuevo escenario para el Ministerio para la Transición Ecológica. “No se ha calculado el impacto de esta senda verde en el mercado eléctrico”, explican fuentes del mercado a Vozpópuli. “Es una irresponsabilidad si se sabía, y, si se desconocía, es una auténtica temeridad iniciar una transformación de estas dimensiones sin conocer el impacto en los consumidores”, añaden.
Eléctricas y asesores cercanos al PSOE han invitado en estos tres años al Gobierno a recapacitar sobre el actual mercado eléctrico. El temido pool eléctrico, el mercado mayorista de la electricidad, es el responsable del precio pagan los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) que depende de las condiciones climatológicas, la demanda, si el gas está caro o si las centrales nucleares están en revisión. Un 40% del total de los hogares depende de esta volatilidad. Un escenario que no sucede en otros países como Alemania, donde los hogares tienen precios cerrados, o que es diferente en Francia, donde la gran producción de energía nuclear queda fuera del mercado mayorista.
El Gobierno mantiene un choque con las eléctricas
La crisis eléctrica que se está multiplicando en agosto junta, según las mismas fuentes, un error de cálculo junto con una incapacidad para tomar decisiones. El Gobierno, con Teresa Ribera al frente, ha pedido por carta a la Unión Europea cambiar el sistema marginalista, el sistema que unifica toda la producción de energía para satisfacer la demanda y que paga toda la producción al precio de la última tecnología que ha completado el sistema. Un sistema que funciona en los principales países de Europa, aunque la diferencia es que el resto de países no repercuten de manera directa a sus hogares.
Según ha podido saber este medio, varias voces cercanas al Gobierno recomendaron a Teresa Ribera sentarse a negociar con las eléctricas una nueva estructura del mercado eléctrico para poder desplegar su 'senda verde'. Y, como recuerdan, lo que se ha encontrado la vicepresidenta del Gobierno han sido filias y fobias con las mismas, que ha acabado con un anteproyecto para realizar un ‘hachazo’ a la sobre retribución que cobran por la energía hidroeléctrica y las nucleares.
“Esa medida o se negocia con las empresas o la impones por decreto ley, pero no se puede crear esta indecisión del anteproyecto que alarga su efecto en la factura y el distanciamiento con las empresas”, declaran estas fuentes. “Sabe que hay que cambiar las reglas de funcionamiento del mercado y que toca negociar fuertemente con empresas como Iberdrola, Endesa o Acciona. Pero, ahora, el Gobierno tiene con este tema una situación muy delicada”, concluyen.
