El Gobierno prevé que las pensiones suban un 6% en 2023, lo que supone un gasto extra de más de 10.000 millones de euros. Así se deduce de las previsiones del cuadro macro que han presentado la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se remiten hoy a Bruselas con el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas.
El Gobierno no ofrece previsiones de inflación, pero estima que el deflactor del PIB se sitúe en el 4% y el indicador que más se le parece, el del consumo privado, en el 6,1% y 2,2% en 2023. Calviño ha augurado que el IPC estará en el entorno del 2% el año que viene. Esto implica que estima una inflación media del 6,1% en 2022, con la que se calcula el alza de las pensiones en la reforma que acaba de entrar en vigor.
El gasto en pensiones rebasará así los 10.000 millones extra en 2023 por la reforma y se situará en cerca de 11.000 según los cálculos del Banco de España, que estima que cada punto de inflación supone 1.800 millones. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula 1.500 millones, casi 10.000 millones más. Todo esto se pagará en 2023, como ha resaltado Montero, según prevé la reforma.
Con las mismas cifras que prevé el Gobierno, un 6% de inflación media en 2022, Fedea ha advertido de que el gasto en pensiones ronda ya los 190.000 millones, más del 14% del PIB. Fedea estima que cada punto extra supone 1.700 millones.
Más de 16.000 millones extra entre 2022 y 2023
Y se sumará a la abultada factura extra que se está pagando en 2022, en la que se incluye la última paguilla, la paga compensatoria por la desviación de precios de 2021. Con un IPC del 2,5%, un cálculo conservador sitúa la factura extra en 2022 en más de 6.000 millones de euros, a los que sumar más de 10.000 millones más en 2023 con la previsión del Gobierno, que algunos organismos prevén más elevada, el Banco de España, del 7,5%, por ejemplo.
Pero es que la factura va más lejos, advierte José Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS, para lo que considera que "no hay caja suficiente". Y es que cada extra de cada ejercicio tiene efectos en años siguientes mientras sigan en el sistema los pensionistas que lo reciben en un ejercicio. En 2023, por ejemplo, la paguilla de 2022 consolida. Y si se totalizan las cifras, las sumas devienen más que mareantes.
Reparto de IPC entre trabajadores, empresas y funcionarios
El Gobierno mantiene inamovible su plan de que los pensionistas no asuman parte del sobrecoste por la espiral de la inflación. Ni siquiera las pensiones más altas ni de forma transitoria. A su juicio, esto debe repartirse entre trabajadores, empresas y funcionarios. Montero ha destacado lo nocivo que sería que los salarios suban con la inflación, mientras el Ejecutivo insta a las empresas a que no suban precios. Y sobre el sueldo de los funcionarios, a quienes ya ha sacado de la revalorización con el IPC este año, con un incremento del 2%, se ha mantenido en esta senda y no prevé alzas por encima del 2% en un futuro próximo.
Vayatoalla
La cuestión es que el amo anglosajón no se enfade con nosotros.