Que todo cambie para que todo siga igual. Es la consigna lampedusiana en la que las comunidades autónomas ven instalada a la Hacienda de María Jesús Montero en la reforma de la financiación autonómica. Así lo creen autonomías del PP y del PSOE, incluso las más afines al Ministerio, según ha podido recabar Vozpópuli, críticas con el informe que les remitió el pasado 3 de diciembre, que propone en realidad que el actual sistema y sus problemas se mantengan, apuntan.
Pero es que muchas regiones creen que el Gobierno en realidad no quiere ni siquiera cambiar el modelo y por eso ha basado el informe en un criterio, de población ajustada, que genera confrontación. De momento, no ha trabajado un consenso y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanza mensajes al PP para que busque una postura común con sus comunidades y que la reforma sea viable en el Congreso.
"Cuando realmente hay voluntad de cambiar las cosas, se encuentran posturas comunes. Se ha vendido el informe como propuesta, pero además de parcial e insuficiente, toca una parte muy pequeña. Para poder opinar con fundamento, necesitamos mucha más información, por ejemplo, de suficiencia financiera", traslada Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía, que ha tachado el informe de "globo sonda".
Bravo apunta dos factores clave que están además sin aclarar y que afectan a la base del sistema, la tarta que hay para repartir: la reforma fiscal y las reglas fiscales. Recuerda que cuando Montero era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, defendió en el Parlamento que eran necesarios 16.000 millones más para las comunidades como punto de partida, pero en el documento no aparece la cuantía que se incrementaría. Y es que hasta que Hacienda no defina qué va a hacer en la reforma fiscal, no tendrá claro los fondos a repartir. Y para ello también será necesario conocer cómo se cierra el acuerdo sobre las reglas fiscales en la UE.
En este sentido, el consejero andaluz es partidario de que se vayan acordando las obligaciones respecto al déficit, lo que cree necesario, y reclama a Hacienda que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) si quiere trabajar acuerdos sobre la reforma del sistema de financiación. Subraya que no debe hacerse nunca de forma bilateral, sino multilateral, que participe el máximo de CCAA: "De nada sirve si se arregla el problema de Andalucía si no se arregla el de otras" Y pone de ejemplo que la reforma de 2002 la apoyó el 93% del Parlamento, mientras que la vigente de 2009, sólo el 51%: PSOE, ERC y la abstención del PNV.
Pero no parece que se quiera llegar a un acuerdo si se plantea un informe con el criterio de población ajustada, trasladan desde la consejería de Hacienda de Murcia. Creen que ha generado malestar y enfrentamiento, lo que plantea dudas sobre la voluntad real de Hacienda de impulsar la reforma. Y advierten de que la clave es que se garanticen la eficiencia y equidad.
El caso de Murcia es paradigmático de lo que viene ocurriendo y que preocupa a Hacienda. Murcia hace frente común sin sesgo partidista con las comunidades más perjudicadas en el sistema actual, Comunidad Valenciana, sobre todo, del PSOE, y Andalucía. De hecho, recuerda que en las reuniones cada vez más habituales de las consejerías de Hacienda de las autonomías del PP se tratan temas de reparto de ayudas, fondos europeos y Covid o de impuestos, y la financiación sólo se menciona de pasada, si es que se hace. En sus alegaciones, exige la creación de un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas y que se abra una negociación para reestructurar la deuda causada por la infrafinanciación.
"Lo último que faltaba es que Hacienda pida al PP que le haga su trabajo", subraya Elvira Rodríguez, vicesecretaria Sectorial del Partido Popular sobre las llamadas de María Jesús Montero al partido para que busque una postura común entre sus comunidades.
Es también crítica con Hacienda desde la posición de la España vaciada Castilla y León. Lo comparte Aragón, que apunta que el sistema no se basa en el "cálculo real" del coste de los servicios, sino en el «coste pactado» en el momento de diseñar el modelo de financiación.
De hecho, se ha producido una reunión de los barones del PSOE en Ferraz en un intento de lograr consenso, sin éxito. Sí que hay armonía entre ocho comunidades despobladas, que se encontraron por última vez en Santiago: cinco barones del PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja) y dos del PP (Castilla y León y Galicia), además del regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla, que han negociado un documento que exige cubrir el coste de los servicios en la ley de financiación.
Más compleja es la interacción de las comunidades más pobladas, con Cataluña y Madrid a la cabeza. Pero comparten posiciones y críticas al informe de Hacienda. También tiene esta particularidad una de las más perjudicadas por el sistema vigente, la Comunidad Valenciana, que ha salido escaldada de su posicionamiento sobre el informe de Hacienda.
La Comunidad de Madrid considera que la propuesta es "parcial y arbitraria y no mejoraría el sistema". Cree que añade nuevos criterios que reiteran los que ya existen de superficie, dispersión y población mayor de 65 años. A su juicio, Madrid es la región más castigada por el actual reparto de población ajustada, con una pérdida de más de 200.000 habitantes, diferencia que la propuesta eleva un 4%. El Ejecutivo madrileño propone abordar la eficacia de los fondos del Sistema de Financiación Autonómica.
El documento que ha remitido Cataluña a Hacienda aclara de entrada que trabaja por lograr una soberanía fiscal plena. El Govern alega que las bases planteadas por Hacienda no son una propuesta de nuevo modelo, sino que solo abordan la parte relativa a los gastos. Y la propuesta no es adecuada, ya que introduce variables correctivas "poco robustas técnicamente". Cree que el criterio de población ajustada no se adecua a la realidad de Cataluña, defiende tomar en consideración elementos como el coste de la vida y plantea que la cuestión de la despoblación debería ser abordada "fuera del modelo de financiación, mediante políticas públicas".
Una propuesta sobre población ajustada como la que del Ministerio de Hacienda que eleva la financiación en Sanidad y Educación y el peso de la población envejecida favorece en principio a las comunidades autónomas de la España vaciada y a las infrafinanciadas. Sin embargo, la gran mayoría de las regiones se manifestó en contra del documento, con la excepción de la Comunidad Valenciana, que habló de "victoria".
Pues bien, a la espera de que el mapa de las intenciones del Gobierno se desarrolle, con este primer documento, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, de Fedea, ha analizado todas las variables propuestas, y concluye que las grandes beneficiadas son Aragón y Extremadura, y que además de Madrid y Cataluña, también la Comunidad Valenciana pierde, en concreto, es la tercera que sale más perjudicada, sólo por detrás de Canarias y Galicia.
Críticas de Valencia a Hacienda
Los técnicos de la Comunidad Valenciana creen "insuficiente" el modelo de financiación autonómica que recoge el informe de Hacienda para corregir el desequilibrio que perjudica a esta región. Consideran que el Gobierno debe basarse en el criterio de población ajustada sin disfunciones y abordar la deuda histórica acumulada y la cogobernanza fiscal.
Fuentes próximas a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana trasladan que el informe es técnicamente muy flojo y que perpetúa los problemas del sistema vigente, con lo que entienden que al menos los técnicos que lo han elaborado no quieren que haya cambios. Y refrendan que empezar con un informe de población ajustada, precisamente lo que planteaba esta Comunidad, no va a reunir consenso. ¿Queremos seguir con un sistema que tienen diferencias de población por habitante de un 60% a favor de País Vasco y Navarra frente a la Comunidad Valenciana? ¿Y de un 30% de Cantabria frente a la Comunidad Valenciana?, se pregunta.
