"España es el país más moroso en el pago de arbitrajes tras Venezuela", titulaba Vozpópuli el pasado 9 de marzo. Una información que surge de un amplío informe que manejan las firmas de inversión internaciones que han ganado laudos a España en esta última década y entre los grandes bufetes de abogados especializados que hacen gran negocio con estas causas.
El autor de este análisis es el experto en inversiones internacionales y arbitrajes Nikos Lavranos, fundador de la plataforma Investment Consulting y secretario general de la Federación Europea de Derecho y Arbitraje de Inversiones (EFILA, en sus siglas en inglés).
Lavranos ha participado en arbitrajes en África, Latinoamérica, Europa e, incluso, ha sido contratado por inversores para defender sus intereses contra Rusia en el contexto de la anexión de Crimea. Una posición que le da autoridad para poder opinar de un tema que ocupa en este arranque de 2023 un gran espacio en los medios españoles debido a los movimientos de los afectados para cobrar sus deudas. Unos pleitos que acusan a España de vulnerar hace una más de una década el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT) en contra de los intereses de un centenar de inversores internacionales.
Como apunta su informe, los tribunales internacionales de arbitrajes han condenado a España en ocho ocasiones y su factura pendiente de pago se eleva hasta los 700 millones de euros. Venezuela, por su parte, ocupa el primer lugar con 11 laudos impagados por valor de 7.168 millones de dólares y, para cerrar este podio, aparece Rusia con 6 procesos pendientes con inversores con un saldo de 55.132 millones de euros. Aunque, como recuerda el propio experto holandés, el problema de este asunto no es sólo el dinero.
Pregunta: ¿Qué significa para España que no pague las sentencias arbitrales internacionales?
Respuesta: A la larga, sin duda perjudicará el atractivo de España como destino para los inversores extranjeros y sus inversiones. La reputación de España como socio fiel y respetuoso de la ley se verá perjudicada y, de hecho, ya está perjudicada. Entonces, las inversiones extranjeras en España se irán reduciendo.
P: Tu informe pone a España en esta materia a nivel de países como Venezuela, Argentina y Rusia. ¿Cómo se ve la situación se percibe esa comparativa entre los expertos de arbitraje y qué diferencias tiene su caso con estos países tan complejos?
R: Dado que España ha ido perdiendo la mayoría de sus casos, la comunidad arbitral no entiende por qué se niega a afrontar la realidad y pagar esos laudos como exigen los tratados internacionales. A diferencia de Venezuela o Rusia, es un estado miembro de la Unión Europea y se supone que debe respetar el estado de derecho.
Además, los casos de energías renovables en España son bastante sencillos en el sentido de que España tomó una decisión política, que claramente no fue justa para los inversores. Los actos de Venezuela y Rusia son fundamentalmente de base ideológica, mientras que Argentina trató de resolver una crisis económica con el método equivocado.
P: ¿Cuál es el punto clave y estratégico en el que España no tendrá más remedio que hacer frente al pago de estos pleitos?
Los tratados internacionales involucrados, en particular, el Convenio CIADI, exigen a España el pago de las indemnizaciones que se han ordenado en los laudos. Una vez que estos laudos sean definitivos y vinculantes, España no podrá sustraerse al pago de los mismos, a pesar de que se esfuerce por reclamar todos estos procedimientos ante los tribunales nacionales.
P: ¿Hasta dónde llegarán los avisos de embargo y qué puede perder España?
R: Llegará hasta que España pague todos los laudos pendientes o se siente a la mesa y acuerde una solución de arreglo. Las cantidades ascienden a miles de millones de euros. Cualquier bien comercial del estado español puede ser embargado, incluidos aviones, instituciones culturales...
