De los 163.000 millones de euros del Next Generation EU que el Gobierno puede recibir desde Bruselas y repartir entre los agentes económicos, fuentes expertas calculan que alrededor de 130.000 millones aún no han llegado a su destinatario. El reloj no para y agosto de 2026 es la fecha límite para tener ejecutado todo el dinero. Es decir, sólo quedan 30 meses para que finalice el programa. El Gobierno ha abierto varias vías para no perder estos fondos europeos, de los que, de momento, sólo ha pedido unos 38.000 millones y habría repartido 30.000 millones.

El dinero (la mitad a fondo perdido y la otra mitad, prestado en condiciones ventajosas) se consigue a cambio de una serie de hitos (reformas e inversiones) agrupados en bloques y pactados en 2021 con Bruselas. En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha incidido recientemente en la importancia de mantener el ritmo y cumplir el calendario para que la mitad de los hitos de los fondos europeos estén cumplidos a finales de este año. Para ello, España debería acelerar el ritmo y compensar el retraso acumulado en el último año, cumpliendo este año más de 100 hitos y recibiendo tres pagos (normalmente son dos al año).

De momento España sólo ha recibido tres pagos y ha solicitado un cuarto (medio año más tarde de lo previsto y con algunos de los hitos comprometidos sin cerrar). Tras el retraso de 2023, Italia, Portugal y Grecia han tomado la delantera y ya han recibido más desembolsos. Es decir, España ha dejado de liderar la recepción de los fondos europeos, su gran logro en el marco de este programa multimillonario, y ahora se sitúa en el primer pelotón. Además, sobre la cuantía total que tiene asignada, apenas ha recibido un 25%, tal y como refleja la Comisión Europea en su primera evaluación del mecanismo, publicada a finales de febrero.

De ese dinero, los últimos datos de la Comisión Europea apuntaban a que los gastos financiados con subvenciones del mecanismo (los préstamos aún no han empezado a solicitarse) por las administraciones públicas se situaron en el 0,2% del PIB en 2021, ascendieron al 0,4% del PIB en 2022 y al 1% del PIB en 2023 (este último dato es una previsión y está pendiente de confirmarse). En total, algo más de 20.000 millones. Otras fuentes expertas elevan la cifra al entorno de los 30.000 millones.

Es el caso de EsadeEcPol, que en un informe reciente estima que se han concedido 32.925 millones de euros de los fondos europeos Next Generation entre 2021 y enero de 2024. También Llorente y Cuenca (LLYC) calcula que se habrían adjudicado unos 32.500 millones. En este asunto la cuestión no es sólo que el dinero se convoque o licite con la rapidez deseada, sino que la resolución sea efectiva y finalmente se asigne a un beneficiario final. 

Desde LLYC explican que hay convocatorias y licitaciones que, pese a resolverse, no logran asignar todo el dinero previsto porque no hay suficientes solicitudes o porque los solicitantes no reúnen los requisitos para optar a él. Sus cálculos apuntan a que de todo el dinero se convoca y resuelve, alrededor de un 22% queda desierto. Sólo el Estado acumula 6.576 millones en remanentes, de los que 3.000 millones se generaron en el último año. En las CCAA podrían alcanzar los 5.200 millones.

Desvío de fondos al ICO y otros intermediarios

Ante el evidente retraso y la falta de consenso para extender el programa más allá de 2026, el Gobierno ha abierto varias vías para no perder el dinero. En concreto, canalizará 3.580 millones en subvenciones y 76.065 millones en préstamos a través de instrumentos financieros que puedan seguir funcionando después de que acabe el plazo, una idea que parte de la propia Comisión Europea. Esta asignación de la financiación a otro ente distinto al Tesoro permitirá a la Comisión Europea validar el cumplimiento de los últimos hitos de inversión y realizar los últimos desembolsos, aunque los proyectos no se hayan finalizado.

Según se desprende de la Adenda al Plan de Recuperación inicial que ya ha aprobado Bruselas, los 3.580 millones de la parte no reembolsable se canalizarán a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y la Fundación Biodiversidad. Por su parte, los 76.065 millones en préstamos serán gestionados por ENISA, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la empresa pública SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Axis, despejando así el camino para ejecutar proyectos más allá de 2026.

De hecho, el Consejo de Ministros aprobó este martes la canalización de 40.000 millones de los préstamos europeos a través de cinco líneas que gestionará el ICO desde el segundo semestre del año. Éste, a su vez, suministrará a las entidades financieras la mitad de la financiación, 20.000 millones, que deberán comercializar a empresas, pymes y autónomos a un tipo de interés máximo que se fijará por ley.

Además, dos de las líneas, un fondo para escalar las startup tecnológicas Next Tech con 4.000 millones para proyectos digitales, y el fondo Spain Audiovisual Hub, con 1.712 millones para financiar proyectos en el sector audiovisual, se integrarán en la 'SEPI digital'. Esta semana se ha conocido la intención del Gobierno de crear esta Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con la que estudia entrar en Telefónica y con la que también podría socorrer a Prisa.

Además, también está previsto que el ICO, a través de la gestora Axis -participada en su totalidad por el organismo-, movilice alrededor de 8.000 millones de euros para financiar inversiones en el tejido empresarial español procedentes de los fondos europeos a través de la colaboración público-privada con el sector del capital riesgo. En definitiva, el ICO canalizará estos fondos europeos a través de préstamos directos, líneas de mediación con el sector financiero, adquisición de bonos que emitan las empresas, o incluso participación directa en el capital de las mismas.

Fondos europeos estructurales

Además de los Next Generation EU, el Gobierno tiene otra cantidad milmillonaria de fondos europeos estructurales. El plazo legal para gastar dinero con cargo al programa 2014-2020 (es decir, para que realizar la inversión que sería subvencionable por la UE) venció el 31 de diciembre de 2023. En el conjunto del territorio nacional había cinco vías: FEDER, FEADER, FSE, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

España es el tercer país de la Unión Europa con más presupuesto asignado a través de estos fondos europeos para el periodo 2014-2020, sólo por detrás de Polonia (111.440 millones) e Italia (93.700 millones). Sin embargo, también es el Estado miembro que menos ha sido capaz de ejecutar respecto a lo presupuestado, sólo un 63% (47.300 millones de cerca de 75.000 millones) a cierre de septiembre de 2023, según datos de la Comisión Europea.

Las administraciones públicas españolas tenían aún 28.000 millones sin gastar a tres meses de que venciese el plazo, colocando a España en la peor posición. Italia tenía ejecutado un 70%; Polonia, un 88%; y en general, la media de la UE estaba en el 85%. Por esa razón, con la guerra, la inflación y el colapso de los fondos europeos Next Generation como excusa, negocia ahora la extensión de los plazos.

Fuentes de la Comisión Europea aseguran a Vozpópuli que "los beneficiarios aún podrían declarar sus gastos a las autoridades de gestión en el primer semestre de 2024 (estos plazos dependen de las normas nacionales), que luego se verifican y certifican". Esto da seis meses más de margen a los funcionarios del Ministerio de Hacienda para localizar gastos realizados hasta diciembre de 2023 que sean subvencionables a través de estos fondos europeos y no se hayan declarado aún.

Las mismas fuentes informan de que "según las normas actuales, las solicitudes de pago final deben presentarse a la Comisión a finales de julio de 2024. Esto será auditado, seguido de un cierre y un saldo final para la mayoría de los programas en 2025". Sin embargo, desde la Comisión Europea también recuerdan las declaraciones de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 30 de noviembre de 2023, durante la Presidencia española.

"Hemos introducido flexibilidades en las condiciones para el cierre de los programas 2014-2020 y hemos propuesto ampliar por un año la presentación de solicitudes de pago finales", señaló Ferreira en aquel encuentro, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que resultó ser el "broche de oro" al semestre de Presidencia Europea a cargo de España.

De esta forma, fuentes conocedoras de la situación también informan a Vozpópuli de que el Gobierno estaría presionando para que se amplíe el periodo de justificación durante un año, con el fin de elevar el nivel de ejecución de España y no perder los fondos europeos. De hecho, esas mismas fuentes apuntan que el deseo de Hacienda sería lograr un plazo adicional para ejecutar con cargo a los fondos estructurales 2014-2020, algo a lo que países como Holanda se oponen frontalmente.

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